Política

de

En defensa de los derechos fundamentales en Internet

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

  1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
  2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
  3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
  4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
  5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
  6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
  7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
  8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
  9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
  10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Fuente: Blog de Enrique Dans y SisBlog.

de

No a la venta

Hace algunas semanas informábamos vía twitter del documental No a la venta, ahora os lo ponemos en línea para que lo podáis disfrutar:

Sinopsis:

Un documental del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativo en coproducción con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Las personas de todo el mundo cada vez dependemos más de un menor número de grandes empresas globales. Monsanto controla el 90% de las semillas transgénicas. Microsoft tiene un 88,26% de la cuota del mercado en software informático, seguida por Apple con Mac con un 9,93%. Cada día 150 millones de personas en todo el mundo compran un producto Unilever sin ni siquiera saberlo. MC Donald sirve 58,1 millones de comidas diarias en todo el mundo. De las 100 economías más grandes del mundo, 51 son empresas. Los estados pierden poder al mismo ritmo que las grandes empresas lo ganan. La globalización ha generado un nuevo contexto que requiere una redefinición de las reglas de juego para la sociedad global del siglo XXI.

En este contexto surge el debate en torno a la Responsabilidad Social Corporativa o de las empresas (RSC), que se plantea como el punto de partida desde el cual replantearse el equilibrio entre el desarrollo económico, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo social necesarios para construir el nuevo tipo de sociedad que queremos. Aunque se está produciendo un incremento paulatino del interés por la Responsabilidad Social Corporativa, tanto en círculos empresariales como en el ámbito social, el proceso está siendo lento.

Es el momento de que nos planteemos qué tipo de sociedad queremos construir y qué papel debemos jugar para contribuir a su desarrollo. Debemos asumir el rol de personas consumidoras, trabajadoras y opinión pública implicadas en la aplicación de los modelos responsables en todos los ámbitos de actuación de las empresas.

de

Frases para pensar… (IV)

Decían unos, en la cumbre de la FAO:

Hay que conseguir la seguridad alimentaria a través de un esfuerzo constante para erradicar el hambre.

Y seguían comiendo y gobernando, sin hacer nada.

Decían otros, en el Norte:

Es vergonzoso que no se hayan tomado medidas reales en la cumbre de la FAO, sólo palabras vacías.

Y seguían comiendo y votando, sin hacer nada.

Autor/a desconocido/a

de

Obama premio Nobel de la Paz

Acabo de enterarme que han concedido al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos por conseguir un pacto para el desarme nuclear, por impulsar el proceso de paz en Oriente Medio y fomentar la lucha contra el cambio climático y algunas cosas más. En realidad le han concedido este premio por expresar estas intenciones, o sea, por los discursos que lleva hechos hasta ahora, ya que por lo que conozco pocas de esas intenciones se han materializado a día de hoy (sigue habiendo presos en Guantánamo y soldados en Irak y Afganistán por ejemplo).

Como ya hemos contado aquí alguna vez estos premios Nobel de la Paz están adulterados y desnaturalizados, pareciera que respondieran a intereses políticos y no a premiar a quien realmente lo merece. Este premio ya no concence a nadie, ni siquiera al mismísimo galardonado que dice no sentir que merece el premio ni cree que esté en la misma categoría que otros premiados.

De hecho creo que a día de hoy estos premios no merecen siquiera que gaste mi tiempo escribiendo sobre ellos en este blog.

de

La muy limitada democracia de EEUU

Vicenç Navarro

La idealización del sistema democrático de EEUU, en la que se presenta al Congreso de EEUU como la cámara legislativa que refleja el sentir popular de la población estadounidense, explica que muchos medios de información españoles presenten las dificultades que encuentra la reforma sanitaria para su aprobación en el Congreso como consecuencia del temor que tal población tiene supuestamente hacia tal cambio. Tal interpretación es profundamente errónea y refleja un desconocimiento de la realidad política de aquel país. En realidad, todas las encuestas señalan que la mayoría de la población (68%) desea que el Congreso apruebe la universalización de la sanidad, y que sea el Estado el que garantice tal universalización a través del establecimiento de un aseguramiento público. Este sentir incluye incluso a la mayoría de la profesión médica (“Physicians’ Views on a New Public Insurance Option and Medicare Expansion”, The New England Journal of Medicine, 14-09-2009). La evidencia de ello es robusta y convincente. Entonces, la pregunta que debe hacerse –y no se hace– es por qué ello no ocurre. Y para responder a esta pregunta deben entenderse las enormes deficiencias de la democracia estadounidense, uno de los sistemas menos democráticos de los hoy existentes en la OCDE.

Estas limitaciones se basan en:

1. La privatización del sistema electoral, en el que los senadores y congresistas financian sus campañas primordialmente con fondos provenientes en su gran mayoría de grandes grupos empresariales. Entre ellos están las compañías de seguros privadas (que controlan la gestión de la mayoría de la sanidad) y las compañías farmacéuticas (entre otras) que financian, por ejemplo, el Comité de Financiación del Senado, el comité más importante del Senado en la reforma sanitaria. Su presidente, Baucus, recibió cinco millones de dólares de tales industrias. Los otros cinco miembros claves de tal Comité recibieron cantidades semejantes. Tales empresas financiaron también las candidaturas de Obama. Sólo las compañías de seguros dieron seis millones de dólares a su campaña. Todo esto –que en España se llamaría corrupción– es legal en EEUU. Este sistema de financiación discrimina enormemente a los candidatos de izquierdas que no pueden conseguir los fondos necesarios para competir, durante la campaña electoral, con los otros candidatos en los espacios televisivos, que se venden al mejor postor sin ningún tipo de regulación. Los sindicatos pueden, también, contribuir a la financiación de las campañas, pero sus fondos son minúsculos en comparación con los fondos de las grandes empresas. Es prácticamente imposible que gane un candidato de izquierdas (que cuestione, por ejemplo, el protagonismo de las compañías de seguros en la gestión del sistema sanitario). En ningún país de la OCDE las izquierdas son más débiles que en EEUU (la causa de que no exista un sistema sanitario universal) y ello se debe, en gran parte, a la privatización de las campañas electorales.

2. La falta de proporcionalidad en el sistema electoral, lo cual imposibilita la aparición de un tercer partido. Es un sistema mayoritario en el que el que gana (51% del voto) gana todos los delegados, regla encaminada a reproducir un sistema que tenga sólo dos partidos. Los dos, por cierto, dependen para su financiación de aquellos fondos proveídos por las grandes empresas (que en EEUU se llama Corporate Class). Tal falta de proporcionalidad aparece incluso más marcada en el Senado, donde cada Estado, independientemente de su tamaño, tiene dos senadores. Esto da gran poder a los estados pequeños y poco poblados, rurales y más conservadores, a costa de los estados más poblados, urbanos y más progresistas. Así, los seis senadores del citado Comité de Finanzas representan estados que, todos juntos, suman menos del 2% de la población de aquel país. Existe, así, un enorme sesgo conservador en el Senado, poco representativo del sentir popular del país.

3. La escasísima oportunidad de la población de poder influenciar al Congreso de EEUU. La población es plenamente consciente del maridaje existente entre la clase política, por una parte, y el mundo empresarial y financiero, por otra. De ahí el claro antagonismo hacia Washington, lo que explica que todos los candidatos en las últimas elecciones debieran presentarse como anti Washington. El que se benefició más de este sentimiento fue el candidato Obama, que no procedía del establishment de Washington (y que se había opuesto a la guerra de Irak). La elección de Obama despertó grandes esperanzas de que hubiera un cambio. Un punto central en su programa era la reforma sanitaria. La privatización de la sanidad, en manos de las compañías de seguros, ha creado una situación en la que, a pesar del enorme gasto sanitario (el 17% del PIB de EEUU, cuando en España es de un 6,2% ), no ofrece cobertura a 47 millones de habitantes y se provee una cobertura muy insuficiente a la mayoría de las personas aseguradas. Un detalle que expresa la crueldad del sistema es que más del 40% de las personas que se están muriendo expresan su preocupación de cómo ellos o sus familiares pagarán sus facturas médicas a las compañías de seguros.

El presidente Obama, sin embargo, ha ido pactando su reforma, cediendo en elementos claves. En farmacia, se ha comprometido con la industria farmacéutica a continuar con el acuerdo que el presidente Bush tenía con tal industria, según el cual el Gobierno federal pagaría el precio de los fármacos que la industria impusiera. Y con las compañías de seguros pactó que no limitarían el precio de las pólizas, proveyendo subsidios a las familias que no pudieran pagarlas. También ha renunciado a financiar la reforma a base de impuestos sobre los grupos más pudientes (medida muy popular). Estas y otras cesiones han decepcionado a las bases del partido demócrata, lo cual explica la bajada de su popularidad. Las encuestas señalan que los grupos en los que ha perdido más apoyo han sido precisamente entre los demócratas y los independientes progresistas. Todos estos datos, por cierto, no han aparecido en los cinco medios de información y persuasión de mayor tirada de España.

Vicenç Navarro es Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de ‘Public Policy’ en The Johns Hopkins University

Ilustración de Jorge Chamorro

Publicado en diario Público el 24/09/2009

de

Manifiesto contra la impunidad. Por la Justicia Universal

Desde Rincón Solidario nos sumamos al manifiesto presentado por: ACSUR-Las Segovias, Asociación Argentina Pro Derechos Humanos-Madrid, Asociación Libre de Abogados, Asociación de Mujeres Saharauis, Asociación Paz Ahora, Asociación Pro Derechos Humanos de España, Asociación Salvador Allende-España, Amnistía Internacional, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), CEAS-Sáhara, CCOO, Paz con Dignidad, Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Federación Internacional de Derechos Humanos, IEPALA, Izquierda Unida, Movimiento por la Paz (MPDL), Plataforma 2015 y más, Plataforma Palestina, Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, Unión General de Trabajadores, Unión Sindical Obrera, Womens Link Wordwide.

Las organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, grupos de solidaridad, ONG de desarrollo, asociaciones de profesionales y las personas de bien del mundo entero, que valoran la causa de la paz, la justicia, la lucha contra la impunidad y el respeto irrestricto a la dignidad, derechos de las víctimas y los derechos humanos cuya defensa nos une más allá de ideologías y planteamientos políticos

Manifestamos que el día 19 de mayo de 2009, el Congreso de los diputados acordó, con el apoyo de los grupos mayoritarios, modificar el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que consagra el principio de jurisdicción universal, desvirtuando totalmente su contenido y alcance. Esta trascendental decisión limita al juez a conocer únicamente causas que tienen una “conexión nacional”, y establece un criterio de admisibilidad que ni siquiera permite valorar cuándo un proceso judicial constituye una efectiva persecución de un crimen. Dicho acuerdo se tomó de tapadillo, aprovechando el trámite de Enmiendas al Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Oficina Judicial, lo que ha sustraído esta reforma al necesario debate informado que la cuestión exige.

Con la citada modificación España entraría en la lista de los países más restrictivos para el ejercicio de la jurisdicción universal. De este modo, podrá perseguirse a los presuntos delincuentes si estos se encontraran presentes en España, si las víctimas fueran españolas, si concurriera algún vínculo de conexión relevante con España (aún no expresado en la ley) y siempre que un tribunal internacional u otro “tribunal competente” no haya abierto una investigación sobre el asunto.

Con esta decisión no se ha tenido en cuenta: que la jurisdicción universal se basa en la idea de que determinados crímenes son tan perjudiciales y atroces para la comunidad internacional (crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, tortura, desaparición forzada, entre otros) que los Estados están autorizados, e incluso obligados, a investigar y juzgar a los presuntos perpetradores, con independencia del lugar donde se haya cometido el crimen o la nacionalidad del autor o de la víctima, o aún cuando el delito o crimen no haya afectado en absoluto los intereses de dicho Estado.

Que la jurisdicción universal es un instrumento de lucha contra la impunidad, es decir, un medio para lograr la rendición de cuentas e impedir que queden impunes los responsables de crímenes de derecho internacional. Refleja la obligación de los Estados consagrada en los Tratados Internacionales de derechos humanos de juzgar o entregar (extraditar) a dichos responsables.

Que, lamentablemente, la mayoría de países en los que se cometen estos crímenes, no pueden o no quieren, investigar y enjuiciar las violaciones graves de derechos humanos constitutivas de crímenes de derecho internacional. Por consiguiente, la aplicación de la jurisdicción universal es un elemento fundamental de la justicia para la Comunidad Internacional.

Que el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al habilitar la jurisdicción universal, facilita la observancia por España de los Tratados Internacionales de protección de los derechos humanos que, como miembro de la comunidad internacional, ha suscrito y se ha obligado a respetar y hacer cumplir.

Que la Constitución española, en el Artículo 96.1 consagra que los Tratados Internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. En consonancia, la doctrina del Tribunal Constitucional, desde 2005 (Caso Guatemala) viene estableciendo que el alcance de la jurisdicción universal es absoluto y prima sobre la existencia o no de intereses nacionales, y además, que la restricción basada en la nacionalidad de las víctimas incorpora un requisito añadido no contemplado en la ley, en contradicción con la naturaleza de estos delitos y la aspiración compartida de su persecución universal. Que, asimismo, en la sentencia de la causa Scilingo la Audiencia Nacional reconoce respecto de algunos crímenes internacionales el carácter de derecho obligatorio y oponible a todos (ius cogens y erga omnes).

Que la jurisdicción universal representa el último recurso para las víctimas de crímenes de derecho internacional que buscan obtener verdad, justicia y reparación, incluidas las garantías de no repetición de estos hechos. A raíz de los procedimientos abiertos en España y las resoluciones judiciales resultantes, se ha venido dando satisfacción a los legítimos derechos de las víctimas y cumpliendo con la obligación internacional de investigar y sancionar a los perpetradores de crímenes de derecho internacional. Asimismo se ha impulsado la apertura de procesos en los países donde se cometieron los crímenes, lográndose sentencias en otros tribunales del mundo, contribuyendo así a remover conciencias y a resquebrajar la impunidad de la que gozan hoy día la mayor parte de los responsables de dichos crímenes.

Que la impunidad ante crímenes atroces no sólo denigra a quienes los cometen, sino que corroe las instituciones de las sociedades que los cobijan, constituyendo elementos que desestabilizan las democracias.

Por todo lo anterior, decimos: que la defensa de los derechos humanos es una obligación absoluta de los Estados y no puede someterse a intereses nacionales y presiones económicas o políticas sin comprometer la responsabilidad internacional de los Estados.

Que los grupos parlamentarios que han votado a favor de la reforma han abusado del poder y de la confianza que en ellos se ha depositado al sustraer su discusión a la opinión pública y de un debate objetivo en los medios masivos de comunicación.

Que contra la creencia generalizada y falaz de que la aplicación de la jurisdicción universal puede convertir a España en el “gendarme del mundo” es importante destacar que hay otros tribunales nacionales (Dinamarca, Holanda, Alemania) que también ejercen la jurisdicción universal. Los fundamentos jurídicos que han emanado de las resoluciones judiciales españolas en esta materia han contribuido de manera determinante a avanzar el derecho penal internacional.

Que las situaciones inadmisibles, que repugnan a la conciencia común de la Humanidad, de ninguna manera pueden considerarse injerencias en la soberanía de los Estados, sino que es la propia Comunidad Internacional la que, actuando a través de los tribunales nacionales, ejerce la investigación de los crímenes y el enjuiciamiento de los responsables.

Por todo ello: deploramos esta decisión, que se hace a espaldas de la ciudadanía y del sentir mayoritario de la sociedad.

Deploramos que en vez de consolidar un horizonte de justicia efectiva para las graves violaciones de los Derechos Humanos, los parlamentarios trabajen por ampliar los resquicios de la impunidad y, en consecuencia, repudiamos los votos que los grupos parlamentarios han dado a esta medida.

Deploramos este retroceso en la justicia universal que debilita la búsqueda y consolidación de medios destinados a poner fin a la impunidad en la comisión de violaciones graves de los derechos humanos.

Solicitamos, por tanto, al Senado español que tome en consideración y asuma las opiniones de los abajo firmantes, vote en conciencia y rechace la decisión aprobada por el Congreso de los Diputados.

Instamos al Parlamento español a que vele por la conformidad de las leyes nacionales con el derecho internacional y a que se avance en la aplicación del principio de jurisdicción universal. Exigimos que se detenga esta reforma que niega el legítimo derecho de las víctimas a acceder a mecanismos efectivos de procesamiento y reparación por las graves violaciones de los derechos humanos.

Para sumarte al manifiesto envía un correo electrónico a esta dirección.

Visto en otromundoesposible y ENFOCA-ENFOCATE.