Hoy se cumple el décimo aniversario del traslado de los primeros detenidos a la base estadounidense de Guantánamo, símbolo de la violación sistemática de los derechos humanos por parte de Estados Unidos en nombre de la lucha contra el terrorismo.

En el informe titulado Guantánamo: A Decade of Damage to Human Rights (Amnistía Internacional) se pone de relieve el trato ilegítimo que se inflige a los detenidos de Guantánamo y se exponen las razones por las que el centro de detención sigue representando un atentado contra los derechos humanos. A pesar de que Obama se comprometió a cerrar Guantánamo antes del 22 de enero de 2010 a día de hoy todavía siguen allí 171 hombres detenidos.

En estos 10 años, un total de 779 personas han estado detenidas en Guantánamo. Sólo uno de ellos ha sido trasladado a Estados Unidos para ser juzgado por una corte federal ordinaria. Otros han sido sometidos a juicios ante comisiones militares en procesos que no cumplen las normas internacionales sobre juicios justos. En la actualidad el gobierno trata de obtener en este tipo de juicios la pena de muerte para varios detenidos.

Entre los detenidos que siguen allí hay personas que fueron sometidas a tortura y desaparición forzada por Estados Unidos antes de ser trasladadas a Guantánamo. La rendición de cuentas por estos crímenes de derecho internacional cometidos en un programa de detención secreta gestionado bajo la autoridad presidencial es escasa o nula. El gobierno estadounidense viene bloqueando sistemáticamente todos los intentos de los ex detenidos de obtener una reparación por estas violaciones.

El Gobierno de Obama culpa del hecho de que no se haya cerrado Guantánamo al Congreso. Sin embargo, en virtud del derecho internacional, no se pueden invocar las leyes y la política nacionales para justificar el incumplimiento de las obligaciones contraídas en un tratado. El derecho internacional exige que se busquen soluciones, no excusas.

De hecho, gran parte de los tres poderes del Estado que integran el gobierno federal han aceptado el marco de la “guerra” global ideado durante la presidencia de Bush. El Gobierno dejó claro en enero de 2010 que cabía la posibilidad de que casi 50 detenidos en Guantánamo no fueran enjuiciados ni puestos en libertad, sino que permanecieran en detención militar indefinida sin cargos ni juicio en virtud de la interpretación unilateral de Estados Unidos de las leyes de la guerra.

El Gobierno de Estados Unidos debe abordar con carácter urgente esta cuestión como un asunto de derechos humanos. Debe garantizar que todos los detenidos en Guantánamo son sometidos a juicio ante tribunales civiles y no ante comisiones militares, y abandonar toda pretensión de imponer la pena de muerte. Si no se les va a someter a juicio ante tribunales civiles deben quedar en libertad de inmediato.

Guantánamo debe ser cerrado, pero el cierre no debe producirse a costa del simple traslado de los presos a otros centros donde permanezcan en detención indefinida. Amnistía Internacional insta a que se ponga fin a la detención indefinida sin juicio, sea en Guantánamo o en cualquier otro lugar.

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