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Equipo de Acciones Urgentes
Amnistía Internacional – Sección Española: http://www.es.amnesty.org
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Si recibe contestación de una autoridad, envíenos, original o copia, lo antes posible: AI-Sección Española / Fernando VI, 8 / 28004 Madrid (si es por correo electrónico, basta que reenvíe el mensaje a aauu@es.amnesty.org). Por favor indique en el reverso de la carta (o en el asunto/subject del mensaje) el número de la Acción Urgente a la que le contestan (ej: AU 25/99).

No es necesario que nos envíe copia de su propia carta/mensaje. Si no desea que le acusemos recibo, indíquelo al dorso de la carta o en el asunto del mensaje con «No acuse».

Gracias por su colaboración.
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PÃ?BLICO – Índice AI: AMR 51/029/2009 – 20 de febrero de 2009

Más información (actualización núm. 1) sobre AU 37/09 (AMR 51/019/2009, del 10 de febrero de 2009) – Pena de muerte / preocupación jurídica EE. UU. (Virginia) Edward Nathaniel Bell, ciudadano jamaicano, negro, de 44 años de edad

Edward Bell fue ejecutado en Virginia al atardecer del 19 de febrero. Fue condenado a muerte en 2001 por el asesinato de un policía, el sargento Richard Timbrook, cometido en 1999. Edward Bell, condenado sobre la base de pruebas en gran medida circunstanciales, afirmó su inocencia hasta el final.

Según un portavoz penitenciario, en su declaración final antes de ser ejecutado por inyección letal, Edward Bell dijo: «A la familia Timbrook: definitivamente, tienen a la persona equivocada. La verdad saldrá a la luz algún día. Lo que se está haciendo aquí -matarme- no es justicia».

Unas cinco horas antes de la ejecución, el gobernador de Virginia, Timothy Kaine, denegó a Edward Bell el indulto. En una declaración, el gobernador Kaine dijo: «Tras examinar cuidadosamente la petición de indulto y las opiniones judiciales sobre el caso, no encuentro razón de peso para dejar de lado la sentencia recomendada por el jurado e impuesta y confirmada por los tribunales. Por todo ello, declino intervenir».

La petición de indulto de Edward Bell planteaba al gobernador Kaine las dudas sobre la culpabilidad de Edward Bell, los serios interrogantes sobre la calidad de la asistencia letrada con la que Bell contó durante el juicio, y los indicios de que Bell podía sufrir discapacidad intelectual.

Edward Bell se ha convertido en el preso núm. 14 ejecutado en Estados Unidos este año, y el 1.150 ejecutado desde que se reanudaron los homicidios judiciales en el país en 1977. Virginia ha sido responsable de 103 de estas ejecuciones. La suya ha sido la primera ejecución llevada a cabo en Virginia este año.

No se requiere ninguna nueva acción de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos.

Los datos personales que nos facilitaste constan en un fichero automatizado y confidencial de Amnistía Internacional. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, por favor, envía un mensaje a datos@es.amnesty.org

Si recibe contestación de una autoridad, envíenos el original o una copia, por favor, lo antes posible (ref.: «Equipo AAUU – Respuesta»). Sólo es necesario que indique en el reverso de la misma el número que tiene la Acción Urgente a la que le han contestado (por ejemplo «AU 25/99» o bien «EXTRA 84/99»). No es necesario que nos envíe copia de su propia carta. Si no desea que le enviemos un acuse de recibo, indíquenoslo también en el dorso con las palabras «No acuse». Gracias por su colaboración.

<<accion Urgente : U037/09
Seguimiento : 1>>

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PÃ?BLICO – Índice AI: AMR 51/019/2009 – 10 de febrero de 2009
AU 37/09 Pena de muerte / preocupación jurídica

EE.UU. (Virginia) Edward Nathaniel Bell, ciudadano jamaicano de raza negra, 44 años

La ejecución de Edward Bell está prevista para el 19 de febrero a las 21 h., hora local de Virginia. Edward Bell, que en 2001 fue condenado a muerte por el asesinato de un agente de policía en 1999 sobre la base de unas pruebas mayoritariamente circunstanciales, ha mantenido en todo momento su inocencia con respecto al asesinato. Existen serias dudas en cuanto a la calidad de la defensa de Bell durante el juicio, y los letrados encargados de su apelación sostienen que Bell podría sufrir discapacidad intelectual.

La noche del 29 de octubre de 1999, el sargento Richard Timbrook, agente de policía blanco de 32 años, se encontraba trabajando con dos agentes de libertad vigilada en la ciudad de Winchester, al norte de Virginia. En un incidente durante el cual el sargento Timbrook se vio obligado a perseguir a un hombre que había huido al acercársele los agentes, el sargento recibió un disparo mortal en la cabeza mientras trepaba a una valla entre dos casas. A la mañana siguiente, la policía encontró a Edward Bell oculto en el sótano de una casa próxima al lugar donde se produjo el disparo. Bell dijo a la policía que huyó cuando unas personas a las que no reconoció como agentes de policía salieron de un vehículo y empezaron a correr hacia él. Bell negó haber disparado al sargento Timbrook y añadió que, de hecho, al oír el disparo se escondió. Al día siguiente se descubrió un arma debajo del porche de la casa en la que se había encontrado a Bell. Las pruebas forenses confirmaron que era el arma que había efectuado el disparo mortal contra el agente de policía. El ADN obtenido del arma era una mezcla de al menos tres personas, y no excluía ni identificaba a Bell.

La petición de indulto de Edward Bell plantea dudas al gobernador Timothy Kaine en cuanto a la fiabilidad de su condena. Un agente que vio al autor del disparo contra el sargento Timbrook indicó que la persona vestía de negro; sin embargo, cuando se detuvo a Edward Bell éste vestía una chaqueta con bandas reflectantes en las mangas que «se encendían como un árbol de Navidad», según el agente de policía que le vio alejarse del sargento Timbrook. Tras la detención de Bell, un gran número de agentes dedicó todo el día a la búsqueda minuciosa, aunque finalmente infructuosa, del arma del asesinato. Desde ese momento, la escena del crimen permaneció sin protección durante varias horas al cabo de las cuales la policía regresó y, según la petición de indulto, «localizó el arma en el lugar más evidente, tirada junto a un arbusto a varios metros del escondite donde se encontró a Bell». La petición de indulto también menciona pruebas según las cuales en el momento de producirse los disparos había otra persona que huía de la policía en la misma zona y que nunca fue investigada.

El último testigo de cargo estuvo en la cárcel con Edward Bell antes del juicio. Este testigo, Terry Johnson, declaró (no bajo juramento) que Bell se había confesado culpable del asesinato ante él y que éste, Johnson, no había recibido nada del estado a cambio de su testimonio. En una declaración jurada posterior, Johnson afirmó que la primera vez que las autoridades se dirigieron a él, les dijo varias veces que no tenía información sobre el caso. Su declaración jurada señala que el fiscal le prometió una reducción de la condena, así como el traslado a una cárcel más favorable y visitas de contacto con su familia y novia.

El hecho de que la defensa de Bell no investigara ni presentara pruebas atenuantes durante la fase procesal de determinación de la pena dio lugar a que el jurado no tuviese la información necesaria como para tomar una decisión de vida o muerte. El abogado inicialmente a cargo de recabar las pruebas atenuantes para la defensa no había llevado nunca un caso de pena de muerte. La investigadora especializada en atenuación con experiencia en más de 200 casos a la que se contrató posteriormente lo describió como «el caso más desorganizado» de cuantos había trabajado hasta entonces. La defensa falló sistemáticamente a la hora de responder a los esfuerzos de la investigadora de hacer su trabajo.

Las pruebas atenuantes presentadas durante el juicio consistieron en dos testigos, la hermana y el padre del acusado, cuyos testimonios ocuparon menos de siete hojas de transcripción. Asimismo, un juez de distrito federal señaló que los abogados de la defensa «no formularon al padre o a la hermana de Bell ni una sola pregunta sobre el pasado de Bell, su relación con la familia, sus hijos o cualquier otro factor potencialmente atenuante». De hecho, en su alegato final el fiscal hizo hincapié en que la defensa no «había presentado ni una sola prueba atenuante». Los abogados que pidieron el indulto para Bell han presentado al gobernador Kaine una serie de testigos con los que no contaron los miembros del jurado, y que «habrían aportado una información mucho más exacta y equilibrada sobre la vida de Bell». Un miembro del jurado firmó posteriormente una declaración jurada en la que decía lo siguiente: «Me parecía muy importante conocer el pasado de Eddie Bell, estaba indecisa en cuanto a la condena y quería saber algo, cualquier cosa, acerca de él […] Buscábamos algún factor atenuante, algún motivo para no condenarle a muerte, pero sus abogados no nos dieron nada y creemos que su actuación perjudicó a Bell». Tras una vista probatoria, la corte federal de primera instancia concluyó en 2006 que Bell no había recibido una defensa adecuada y que la sentencia de la Corte Suprema de Virginia en sentido contrario no era razonable. Sin embargo, en virtud de las normas restrictivas del derecho estadounidense en esta cuestión, el juez ratificó la conclusión de la Corte Suprema de Virginia según la cual la actuación de la defensa no había perjudicado a Bell.

La petición de indulto de Edward Bell también presenta pruebas sobre su posible discapacidad intelectual. De ser así, la ejecución de Bell estaría violando el derecho constitucional estadounidense, en virtud de la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Atkins vs. Virginia de 2002. La Corte Suprema de Virginia desestimó y calificó de «insustancial» la alegación de discapacidad intelectual de Bell. Desde entonces, sus abogados han recabado las opiniones de otros peritos según las cuales los antecedentes de Bell apuntan a una posible discapacidad intelectual. Sin embargo, los tribunales le han denegado una vista sobre esta cuestión.

INFORMACIÃ?N COMPLEMENTARIA
Amnistía Internacional se opone incondicionalmente a la pena de muerte en todos los casos. Poner fin a la pena de muerte significa abandonar una política pública destructiva, divisiva, que desvía la atención de otras cuestiones importantes y que no está en consonancia con los valores generalmente aceptados. No sólo se corre el riesgo de cometer un error irrevocable, sino que además resulta muy costosa, tanto al erario público como en términos sociales y psicológicos. No se ha demostrado que tenga un efecto especialmente disuasorio y tiende a aplicarse de forma discriminatoria, por motivos de raza y clase. Niega la posibilidad de reconciliación y rehabilitación, y favorece las respuestas simplistas a problemas humanos complejos en lugar de buscar explicaciones que podrían dar lugar a estrategias positivas. Prolonga el sufrimiento de la familia de la víctima de asesinato y lo traslada a los seres queridos del preso condenado. Desvía recursos que estarían mejor empleados en la labor de lucha contra los delitos violentos y de asistencia a sus víctimas. Es un síntoma de una cultura de violencia, no su solución. Es una afrenta a la dignidad humana y debe abolirse.

Desde la reanudación en 1977 de los homicidios judiciales, en Estados Unidos se han llevado a cabo 1.145 ejecuciones, 102 de ellas en Virginia. En lo que va de año han tenido lugar nueve ejecuciones en Estados Unidos, ninguna en Virginia.

ACCIONES RECOMENDADAS: envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, y con sus propias palabras:
– explicando que no pretenden disculpar el asesinato del sargento Richard Timbrook ni restar importancia al sufrimiento causado por su muerte;
– expresando preocupación por la deficiente calidad de la defensa recibida por Edward Bell durante su juicio, sobre todo durante la fase de determinación de la pena, que dio lugar a que el jurado no estuviese adecuadamente informado para tomar su decisión de vida o muerte;
– expresando preocupación por las pruebas que indican que Edward Bell podría sufrir discapacidad intelectual, y que aún así se le haya negado la oportunidad de recabar y presentar estas pruebas ante el tribunal;
Рse̱alando que persisten las dudas en cuanto a la fiabilidad de la condena de Edward Bell;
– señalando asimismo que el poder del ejecutivo para otorgar el indulto en los casos de pena de muerte existe precisamente para prevenir injusticias irrevocables que los tribunales no están dispuestos o no pueden remediar;
– pidiendo al gobernador Kaine que conceda el indulto a Edward Bell.
(También pueden firmar una petición en línea en http://www.thepetitionsite.com/4/Clemency-For-Eddie).

LLAMAMIENTOS A:
Gobernador de Virginia
Governor Timothy M. Kaine, Office of the Governor,
Patrick Henry Building, 3rd Floor, 1111 East Broad Street, Richmond, VA 23219, USA
Fax: +1 804 371-6351
Correo-e: http://www.governor.virginia.gov/AboutTheGovernor/contactGovernor.cfm.
Tratamiento: Dear Governor / Señor gobernador

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.
Los datos personales que nos facilitaste constan en un fichero automatizado y confidencial de Amnistía Internacional. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, por favor, envía un mensaje a datos@es.amnesty.org

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<<Accion Urgente : U037/09>>