La Cañada Real Galiana es un barrio chabolista de Madrid donde (mal)viven cerca de 30.000 personas en unas 2.000 viviendas. El Ayuntamiento de Madrid, dentro de su cruzada contra el chabolismo, ha enviado hoy a efectivos policiales a desalojar la casa de Abdul, un marroquí casado y con dos hijos, de dos meses y tres años, para posteriormente demolerla por vivir ilegalmente en una vía pecuaria de uso público. Además, el Ayuntamiento no va a realojar a la familia porque no considera que su chabola de ladrillo sea una vivienda, ¿pensarán que el aire libre es mucho más sano para ellos?. Los vecinos de Abdul se han solidarizado con él y han intentado impedir la demolición de su vivienda, pero al no conseguirlo se ha armado una auténtica batalla campal que recordaba a las intifidas palestinas, hasta botellas de butano se han lanzado contra los policías y éstos han respondido con disparos de pelotas de goma. El resultado final: 21 heridos leves y 3 detenidos. El pasado 9 de Octubre también hubo demoliciones: 40 casas en un pis-pas sin apenas dar tiempo a los afectados a recoger sus pertenencias. Javier Baeza, párroco de la Iglesia San Carlos Borromeo, se ha solidarizado con las familias afectadas por esta campaña antichabolismo del Ayuntamiento y señala lo siguiente:

• No hay ninguna duda de las casas son ilegales, pero lo son desde hace 15 años, y estamos hablando de 15 kilómetros de ilegalidad.
• Reclama una solución para las familias distinta a dejarlas en la calle.
• Denuncia un componente discriminatorio: no entiende por qué se ha empezado "por meterle mano a las casas de los rumanos y marroquíes sin papeles y no se tocan los megachalés ilegales que hay en la zona de Rivas-Vaciamadrid ni tampoco las empresas de Valdemingómez".
• La incongruencia ante el hecho de que la abogada del Ayuntamiento argumente que se quiere expulsar a las familias porque "es una zona con vistas a urbanizarse" y que se les eche precisamente porque habitan "una cañada real que no es urbanizable".
• La contradicción de la Administración al afirmar que "no puede consentir que vivan en condiciones infrahumanas, sin luz, ni agua corriente ni instalaciones sanitarias", y no ofrecer ninguna vivienda a las familias desalojadas obligandoles en muchos casos a dormir a la intemperie, eso "sí lo puede consentir".
• Ser pobre no es ser delincuente.
• El hecho "insólito" de que "no han tocado ninguna de las chabolas donde se vende droga".

Yo me pregunto porqué no se usa la misma vara de medir cuando los implicados son de otro "sustrato social", como las viviendas ilegales de la Costa del Sol, las construídas en zonas protegidas como Medina Azahara en Córdoba, etc… ¿Serían tan valientes nuestros políticos entonces? ¿O es que los pobres son muy molestos cuando se dejan ver?… Más información:

• El País.
• El Mundo.
• 20minutos.
• Público.

Actualización 20/10/07: Una juez paraliza la demolición de siete casas.