Después de 33 años de la muerte de un dictador tirano, por fin un juez se atreve a investigar el genocidio ocurrido en nuestro país, con más de 130.000 muertos, varios miles de niños arrebatados de sus padres, cerca de un millón de exiliados, pero después de poco más de un mes, los que prefieren hacer la vista gorda y oídos sordos a las reclamaciones de las víctimas y sus familiares se han salido con la suya porque el juez se ha inhibido en favor de los juzgados territoriales. Aún así Garzón ratifica que este tipo de delitos no prescriben e insta a que se derogue la Ley de Amnistía de 1977.

Esperemos que con la fragmentación y división de este caso no caigan las víctimas otra vez en el olvido y sus deseos de justicia no queden enterrados en miles de folios hacinados en los juzgados.