**********************************************************************
Equipo de Acciones Urgentes
Amnistía Internacional – Sección Española: http://www.es.amnesty.org
**********************************************************************

Si recibe contestación de una autoridad, envíenos, original o copia, lo antes posible: AI-Sección Española / Fernando VI, 8 / 28004 Madrid (si es por correo electrónico, basta que reenvíe el mensaje a aauu@es.amnesty.org). Por favor indique en el reverso de la carta (o en el asunto/subject del mensaje) el número de la Acción Urgente a la que le contestan (ej: AU 25/99).

No es necesario que nos envíe copia de su propia carta/mensaje. Si no desea que le acusemos recibo, indíquelo al dorso de la carta o en el asunto del mensaje con «No acuse».

Gracias por su colaboración.
**********************************************************************

PÃ?BLICO – Índice AI: AMR 51/029/2009 – 20 de febrero de 2009

Más información (actualización núm. 1) sobre AU 37/09 (AMR 51/019/2009, del 10 de febrero de 2009) – Pena de muerte / preocupación jurídica EE. UU. (Virginia) Edward Nathaniel Bell, ciudadano jamaicano, negro, de 44 años de edad

Edward Bell fue ejecutado en Virginia al atardecer del 19 de febrero. Fue condenado a muerte en 2001 por el asesinato de un policía, el sargento Richard Timbrook, cometido en 1999. Edward Bell, condenado sobre la base de pruebas en gran medida circunstanciales, afirmó su inocencia hasta el final.

Según un portavoz penitenciario, en su declaración final antes de ser ejecutado por inyección letal, Edward Bell dijo: «A la familia Timbrook: definitivamente, tienen a la persona equivocada. La verdad saldrá a la luz algún día. Lo que se está haciendo aquí -matarme- no es justicia».

Unas cinco horas antes de la ejecución, el gobernador de Virginia, Timothy Kaine, denegó a Edward Bell el indulto. En una declaración, el gobernador Kaine dijo: «Tras examinar cuidadosamente la petición de indulto y las opiniones judiciales sobre el caso, no encuentro razón de peso para dejar de lado la sentencia recomendada por el jurado e impuesta y confirmada por los tribunales. Por todo ello, declino intervenir».

La petición de indulto de Edward Bell planteaba al gobernador Kaine las dudas sobre la culpabilidad de Edward Bell, los serios interrogantes sobre la calidad de la asistencia letrada con la que Bell contó durante el juicio, y los indicios de que Bell podía sufrir discapacidad intelectual.

Edward Bell se ha convertido en el preso núm. 14 ejecutado en Estados Unidos este año, y el 1.150 ejecutado desde que se reanudaron los homicidios judiciales en el país en 1977. Virginia ha sido responsable de 103 de estas ejecuciones. La suya ha sido la primera ejecución llevada a cabo en Virginia este año.

No se requiere ninguna nueva acción de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos.

Los datos personales que nos facilitaste constan en un fichero automatizado y confidencial de Amnistía Internacional. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, por favor, envía un mensaje a datos@es.amnesty.org

Si recibe contestación de una autoridad, envíenos el original o una copia, por favor, lo antes posible (ref.: «Equipo AAUU – Respuesta»). Sólo es necesario que indique en el reverso de la misma el número que tiene la Acción Urgente a la que le han contestado (por ejemplo «AU 25/99» o bien «EXTRA 84/99»). No es necesario que nos envíe copia de su propia carta. Si no desea que le enviemos un acuse de recibo, indíquenoslo también en el dorso con las palabras «No acuse». Gracias por su colaboración.

<<accion Urgente : U037/09
Seguimiento : 1>>

**********************************************************************
Equipo de Acciones Urgentes
Amnistía Internacional – Sección Española: http://www.es.amnesty.org
**********************************************************************
Si recibe contestación de una autoridad, envíenos, original o copia, lo antes posible: AI-Sección Española / Fernando VI, 8 / 28004 Madrid (si es por correo electrónico, basta que reenvíe el mensaje a aauu@es.amnesty.org). Por favor indique en el reverso de la carta (o en el asunto/subject del mensaje) el número de la Acción Urgente a la que le contestan (ej: AU 25/99).

No es necesario que nos envíe copia de su propia carta/mensaje. Si no desea que le acusemos recibo, indíquelo al dorso de la carta o en el asunto del mensaje con «No acuse».

Gracias por su colaboración.
**********************************************************************

PÃ?BLICO – Índice AI: AMR 51/019/2009 – 10 de febrero de 2009
AU 37/09 Pena de muerte / preocupación jurídica

EE.UU. (Virginia) Edward Nathaniel Bell, ciudadano jamaicano de raza negra, 44 años

La ejecución de Edward Bell está prevista para el 19 de febrero a las 21 h., hora local de Virginia. Edward Bell, que en 2001 fue condenado a muerte por el asesinato de un agente de policía en 1999 sobre la base de unas pruebas mayoritariamente circunstanciales, ha mantenido en todo momento su inocencia con respecto al asesinato. Existen serias dudas en cuanto a la calidad de la defensa de Bell durante el juicio, y los letrados encargados de su apelación sostienen que Bell podría sufrir discapacidad intelectual.

La noche del 29 de octubre de 1999, el sargento Richard Timbrook, agente de policía blanco de 32 años, se encontraba trabajando con dos agentes de libertad vigilada en la ciudad de Winchester, al norte de Virginia. En un incidente durante el cual el sargento Timbrook se vio obligado a perseguir a un hombre que había huido al acercársele los agentes, el sargento recibió un disparo mortal en la cabeza mientras trepaba a una valla entre dos casas. A la mañana siguiente, la policía encontró a Edward Bell oculto en el sótano de una casa próxima al lugar donde se produjo el disparo. Bell dijo a la policía que huyó cuando unas personas a las que no reconoció como agentes de policía salieron de un vehículo y empezaron a correr hacia él. Bell negó haber disparado al sargento Timbrook y añadió que, de hecho, al oír el disparo se escondió. Al día siguiente se descubrió un arma debajo del porche de la casa en la que se había encontrado a Bell. Las pruebas forenses confirmaron que era el arma que había efectuado el disparo mortal contra el agente de policía. El ADN obtenido del arma era una mezcla de al menos tres personas, y no excluía ni identificaba a Bell.

La petición de indulto de Edward Bell plantea dudas al gobernador Timothy Kaine en cuanto a la fiabilidad de su condena. Un agente que vio al autor del disparo contra el sargento Timbrook indicó que la persona vestía de negro; sin embargo, cuando se detuvo a Edward Bell éste vestía una chaqueta con bandas reflectantes en las mangas que «se encendían como un árbol de Navidad», según el agente de policía que le vio alejarse del sargento Timbrook. Tras la detención de Bell, un gran número de agentes dedicó todo el día a la búsqueda minuciosa, aunque finalmente infructuosa, del arma del asesinato. Desde ese momento, la escena del crimen permaneció sin protección durante varias horas al cabo de las cuales la policía regresó y, según la petición de indulto, «localizó el arma en el lugar más evidente, tirada junto a un arbusto a varios metros del escondite donde se encontró a Bell». La petición de indulto también menciona pruebas según las cuales en el momento de producirse los disparos había otra persona que huía de la policía en la misma zona y que nunca fue investigada.

El último testigo de cargo estuvo en la cárcel con Edward Bell antes del juicio. Este testigo, Terry Johnson, declaró (no bajo juramento) que Bell se había confesado culpable del asesinato ante él y que éste, Johnson, no había recibido nada del estado a cambio de su testimonio. En una declaración jurada posterior, Johnson afirmó que la primera vez que las autoridades se dirigieron a él, les dijo varias veces que no tenía información sobre el caso. Su declaración jurada señala que el fiscal le prometió una reducción de la condena, así como el traslado a una cárcel más favorable y visitas de contacto con su familia y novia.

El hecho de que la defensa de Bell no investigara ni presentara pruebas atenuantes durante la fase procesal de determinación de la pena dio lugar a que el jurado no tuviese la información necesaria como para tomar una decisión de vida o muerte. El abogado inicialmente a cargo de recabar las pruebas atenuantes para la defensa no había llevado nunca un caso de pena de muerte. La investigadora especializada en atenuación con experiencia en más de 200 casos a la que se contrató posteriormente lo describió como «el caso más desorganizado» de cuantos había trabajado hasta entonces. La defensa falló sistemáticamente a la hora de responder a los esfuerzos de la investigadora de hacer su trabajo.

Las pruebas atenuantes presentadas durante el juicio consistieron en dos testigos, la hermana y el padre del acusado, cuyos testimonios ocuparon menos de siete hojas de transcripción. Asimismo, un juez de distrito federal señaló que los abogados de la defensa «no formularon al padre o a la hermana de Bell ni una sola pregunta sobre el pasado de Bell, su relación con la familia, sus hijos o cualquier otro factor potencialmente atenuante». De hecho, en su alegato final el fiscal hizo hincapié en que la defensa no «había presentado ni una sola prueba atenuante». Los abogados que pidieron el indulto para Bell han presentado al gobernador Kaine una serie de testigos con los que no contaron los miembros del jurado, y que «habrían aportado una información mucho más exacta y equilibrada sobre la vida de Bell». Un miembro del jurado firmó posteriormente una declaración jurada en la que decía lo siguiente: «Me parecía muy importante conocer el pasado de Eddie Bell, estaba indecisa en cuanto a la condena y quería saber algo, cualquier cosa, acerca de él […] Buscábamos algún factor atenuante, algún motivo para no condenarle a muerte, pero sus abogados no nos dieron nada y creemos que su actuación perjudicó a Bell». Tras una vista probatoria, la corte federal de primera instancia concluyó en 2006 que Bell no había recibido una defensa adecuada y que la sentencia de la Corte Suprema de Virginia en sentido contrario no era razonable. Sin embargo, en virtud de las normas restrictivas del derecho estadounidense en esta cuestión, el juez ratificó la conclusión de la Corte Suprema de Virginia según la cual la actuación de la defensa no había perjudicado a Bell.

La petición de indulto de Edward Bell también presenta pruebas sobre su posible discapacidad intelectual. De ser así, la ejecución de Bell estaría violando el derecho constitucional estadounidense, en virtud de la sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Atkins vs. Virginia de 2002. La Corte Suprema de Virginia desestimó y calificó de «insustancial» la alegación de discapacidad intelectual de Bell. Desde entonces, sus abogados han recabado las opiniones de otros peritos según las cuales los antecedentes de Bell apuntan a una posible discapacidad intelectual. Sin embargo, los tribunales le han denegado una vista sobre esta cuestión.

INFORMACIÃ?N COMPLEMENTARIA
Amnistía Internacional se opone incondicionalmente a la pena de muerte en todos los casos. Poner fin a la pena de muerte significa abandonar una política pública destructiva, divisiva, que desvía la atención de otras cuestiones importantes y que no está en consonancia con los valores generalmente aceptados. No sólo se corre el riesgo de cometer un error irrevocable, sino que además resulta muy costosa, tanto al erario público como en términos sociales y psicológicos. No se ha demostrado que tenga un efecto especialmente disuasorio y tiende a aplicarse de forma discriminatoria, por motivos de raza y clase. Niega la posibilidad de reconciliación y rehabilitación, y favorece las respuestas simplistas a problemas humanos complejos en lugar de buscar explicaciones que podrían dar lugar a estrategias positivas. Prolonga el sufrimiento de la familia de la víctima de asesinato y lo traslada a los seres queridos del preso condenado. Desvía recursos que estarían mejor empleados en la labor de lucha contra los delitos violentos y de asistencia a sus víctimas. Es un síntoma de una cultura de violencia, no su solución. Es una afrenta a la dignidad humana y debe abolirse.

Desde la reanudación en 1977 de los homicidios judiciales, en Estados Unidos se han llevado a cabo 1.145 ejecuciones, 102 de ellas en Virginia. En lo que va de año han tenido lugar nueve ejecuciones en Estados Unidos, ninguna en Virginia.

ACCIONES RECOMENDADAS: envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, y con sus propias palabras:
– explicando que no pretenden disculpar el asesinato del sargento Richard Timbrook ni restar importancia al sufrimiento causado por su muerte;
– expresando preocupación por la deficiente calidad de la defensa recibida por Edward Bell durante su juicio, sobre todo durante la fase de determinación de la pena, que dio lugar a que el jurado no estuviese adecuadamente informado para tomar su decisión de vida o muerte;
– expresando preocupación por las pruebas que indican que Edward Bell podría sufrir discapacidad intelectual, y que aún así se le haya negado la oportunidad de recabar y presentar estas pruebas ante el tribunal;
Рse̱alando que persisten las dudas en cuanto a la fiabilidad de la condena de Edward Bell;
– señalando asimismo que el poder del ejecutivo para otorgar el indulto en los casos de pena de muerte existe precisamente para prevenir injusticias irrevocables que los tribunales no están dispuestos o no pueden remediar;
– pidiendo al gobernador Kaine que conceda el indulto a Edward Bell.
(También pueden firmar una petición en línea en http://www.thepetitionsite.com/4/Clemency-For-Eddie).

LLAMAMIENTOS A:
Gobernador de Virginia
Governor Timothy M. Kaine, Office of the Governor,
Patrick Henry Building, 3rd Floor, 1111 East Broad Street, Richmond, VA 23219, USA
Fax: +1 804 371-6351
Correo-e: http://www.governor.virginia.gov/AboutTheGovernor/contactGovernor.cfm.
Tratamiento: Dear Governor / Señor gobernador

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE.
Los datos personales que nos facilitaste constan en un fichero automatizado y confidencial de Amnistía Internacional. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, por favor, envía un mensaje a datos@es.amnesty.org

Si recibe contestación de una autoridad, envíenos el original o una copia, por favor, lo antes posible (ref.: «Equipo AAUU – Respuesta»). Sólo es necesario que indique en el reverso de la misma el número que tiene la Acción Urgente a la que le han contestado (por ejemplo «AU 25/99» o bien «EXTRA 84/99»). No es necesario que nos envíe copia de su propia carta. Si no desea que le enviemos un acuse de recibo, indíquenoslo también en el dorso con las palabras «No acuse». Gracias por su colaboración.
<<Accion Urgente : U037/09>>

**********************************************************************
Equipo de Acciones Urgentes
Amnistía Internacional – Sección Española: http://www.es.amnesty.org
**********************************************************************
Si recibe contestación de una autoridad, envíenos, original o copia, lo antes posible: AI-Sección Española / Fernando VI, 8 / 28004 Madrid (si es por correo electrónico, basta que reenvíe el mensaje a aauu@es.amnesty.org). Por favor indique en el reverso de la carta (o en el asunto/subject del mensaje) el número de la Acción Urgente a la que le contestan (ej: AU 25/99).
No es necesario que nos envíe copia de su propia carta/mensaje. Si no desea que le acusemos recibo, indíquelo al dorso de la carta o en el asunto del mensaje con «No acuse».
Gracias por su colaboración.
**********************************************************************
PÃ?BLICO – Índice AI: AFR 25/003/2009 – 7 de enero de 2009

AU 02/09 Reclusión arbitraria / tortura u otros malos tratos

ETIOPÍA Birtukan Mideksa, de 34 años, dirigente del opositor Partido de la Unidad para la Democracia y la Justicia

Birtukan Mideksa, dirigente de un partido de oposición, fue arrestada el 28 de diciembre y desde entonces está recluida sin cargos en régimen de aislamiento. Ha mantenido una huelga de hambre, tomando sólo líquidos, para protestar por su detención. Se ha permitido que sus familiares cercanos la visiten, pero no ha tenido acceso a representación letrada o a tratamiento médico. Está recluida en la prisión de Kaliti, en las afueras de Addis Abeba, en una celda de 2 metros cuadrados en la que, según personas que han estado recluidas anteriormente en esta prisión, suele hacer un calor insoportable. Debido a su aislamiento, se considera que corre peligro de que la sometan a tortura y otros malos tratos. Amnistía Internacional considera que se trata de una presa de conciencia, arrestada sólo porque ha ejercitado pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y asociación.

Birtukan Mideksa es dirigente del Partido de la Unidad para la Democracia y la Justicia (Unity for Democracy and Justice Party, UDJ), uno de varios partidos escindidos de la ex Coalición por la Unidad y la Democracia (Coalition for Unity and Democracy, CUD). Miembros de la CUD obtuvieron escaños parlamentarios y otros puestos en las elecciones celebradas en mayo de 2005. No obstante, los resultados de los comicios, en los que el partido en el gobierno retuvo el poder, fueron cuestionados. Observadores electorales informaron que se había manipulado la votación y el CUD informó sobre casos de hostigamiento e intimidación de sus miembros. Las fuerzas del gobierno dispararon contra muchedumbres que protestaban por los resultados de las elecciones, dando muerte a no menos de 187 personas. A continuación se arrestó a millares de personas, entre ellas decenas de parlamentarios de la oposición, dirigentes de partidos de oposición, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos. Birtukan Mideksa, una de las personas detenidas, fue adoptada como presa de conciencia por Amnistía Internacional. En 2006, junto con otros dirigentes del CUD, parlamentarios, periodistas y defensores de los derechos humanos, fue acusada de traición, enjuiciada y condenada a cadena perpetua. La mayoría de las personas condenadas quedaron en libertad en virtud de un indulto dictado en 2007 tras negociar un acuerdo con el gobierno y firmar cartas en las que pedían disculpas por sus acciones. No se conocen con precisión los términos de las negociaciones, encabezadas por dirigentes locales, ni de las condiciones impuestas a los indultos.

En noviembre de 2008, durante una reunión pública celebrada en Suecia, Burtukan Mideksa habló sobre el proceso que había desembocado en su puesta en libertad. Unas autoridades del gobierno etíope respondieron acusándola de negar que había solicitado el indulto, y el 28 de diciembre fue arrestada nuevamente. Poco después, el Ministerio de Justicia emitió una declaración en la que se anulaba el indulto concedido a Burtukan Mideksa y volviendo a imponerle la pena original de cadena perpetua.

INFORMACIÃ?N COMPLEMENTARIA
El gobierno de Etiopía está controlado por el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Party), dirigido por el primer ministro Meles Zenawi. El 6 de enero de 2008, agravando una situación de creciente represión en la que cada vez se reduce más el espacio para la acción de defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición política, el Parlamento etíope aprobó la Proclamación sobre Organizaciones Benéficas y Sociedades (Charities and Societies Proclamation, conocida como la ley CSO), mediante la cual se legalizaban varias restricciones graves a la financiación, el funcionamiento y las actividades de ONG etíopes e internacionales que trabajan en favor de los derechos humanos en Etiopía. Las restricciones a la libertad de prensa y las amenazas contra los derechos de ex detenidos de la CUD siguen siendo graves.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos de modo que lleguen lo antes posible, en inglés o en su propio idioma:
Рinstando a las autoridades a devolver la libertad a Birtukan Mideksa de inmediato y sin condiciones a menos que vayan a acusarla formalmente de un delito com̼n reconocible;
– expresando preocupación por el hecho de que Birtukan Mideksa se halle recluida en régimen de aislamiento y corra peligro de ser sometida a tortura u otros malos tratos;
– manifestando su preocupación por el hecho de que Birtukan Mideksa sea una presa de conciencia, detenida únicamente por ejercitar de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión y asociación;
– exhortando a las autoridades a permitir que Birtukan Mideksa tenga acceso a representación letrada de su propia elección y a cualquier asistencia médica que necesite, especialmente a la luz de su huelga de hambre.

LLAMAMIENTOS A:

Ministro de Justicia:
Berhan Hailu
PO Box 1370
Addis Ababa
Etiopía
Correo-e: justice@telecom.net.et
ministry-justice@telecom.net.et
Fax: +251 11 5517775
+251 11 5520874
Tratamiento: Dear Minister / Señor Ministro

COPIA A:

Ambassador Dr Kassa Gebreheywot
Chief Commissioner
Ethiopian Human Rights Commission
PO Box 1165
Addis Ababa
Etiopía
Correo-e: hrcom@ethionet.et
Fax: +251 11 2511 1618 0041

y a la representación diplomática de Etiopía acreditada en su país.

ETIOPIA
(EMBAJADA DE LA REPUBLICA FEDERAL DEMOCRATICA DE ETIOPIA)
Avenue Charles Floquet, 35 75007 – PARIS
Teléfono: 33 147 83 83 95 Fax: 33 143 06 52 14
Telex: 260008-AMBETH

ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 18 de febrero de 2009. Los datos personales que nos facilitaste constan en un fichero automatizado y confidencial de Amnistía Internacional. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, por favor, envía un mensaje a datos@es.amnesty.org

Si recibe contestación de una autoridad, envíenos el original o una copia, por favor, lo antes posible (ref.: «Equipo AAUU – Respuesta»). Sólo es necesario que indique en el reverso de la misma el número que tiene la Acción Urgente a la que le han contestado (por ejemplo «AU 25/99» o bien «EXTRA 84/99»). No es necesario que nos envíe copia de su propia carta. Si no desea que le enviemos un acuse de recibo, indíquenoslo también en el dorso con las palabras «No acuse». Gracias por su colaboración.
<<Accion Urgente : U002/09>>

A través de Amnistía Internacional nos llega este comunicado:

*************************************************************
Equipo de Acciones Urgentes
Amnistía Internacional – Sección Española: http://www.es.amnesty.org
*************************************************************
Si recibe contestación de una autoridad, envíenos, original o copia, lo antes posible: AI-Sección Española / Fernando VI, 8 / 28004 Madrid (si es por correo electrónico, basta que reenvíe el mensaje a aauu@es.amnesty.org). Por favor indique en el reverso de la carta (o en el asunto/subject del mensaje) el número de la Acción Urgente a la que le contestan (ej: AU 25/99).

No es necesario que nos envíe copia de su propia carta/mensaje. Si no desea que le acusemos recibo, indíquelo al dorso de la carta o en el asunto del mensaje con â??No acuseâ?.

Gracias por su colaboración.
*************************************************************
Amnistía Internacional (Sección Española)
Secretariado Estatal
Fernando VI, 8, 1º izda.
28004 Madrid
Telf. + 91 310 12 77
Fax + 91 319 53 34
amnistia.internacional@es.amnesty.org
http://es.amnesty.org

Acción Urgente
Público – Índice AI: EUR 61/021/2007 – 7 de septiembre de 2007
AU 238/07 Presos de conciencia
TURKMENISTÁN Begench Shakhmuradov
Begench Shakhmuradov, de Asjabad, la capital turcomana, es testigo de Jehová. Según se nos informa, se disponen a juzgarlo el 10 de septiembre por negarse a servir en el ejército por motivos religiosos.

Recibió la llamada a filas en mayo del 2007 y fue declarado apto para el servicio pese a que se cree que padece de tuberculosis. Al parecer, Begench Shakhmuradov contrajo la enfermedad mientras cumplía una condena de prisión anterior por â??evasión de la llamada al servicio militarâ? (artículo 219, Parte 1 del Código Penal de Turkmenistán) en el 2005.

Begench Shakhmuradov fue condenado a un año de prisión el 10 de febrero del 2005. Fue excarcelado, junto con otros tres objetores de conciencia, el 16 de abril del 2005. Se cree que la excarcelación fue una medida gubernamental para evitar que Estados Unidos clasificara a Turkmenistán como â??país de especial preocupaciónâ? en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional de este país, lo cual puede llevar a la toma de medidas, desde protesta diplomática a sanciones económicas concretas.

En los últimos meses han condenado a otros cuatro testigos de Jehová por evasión del servicio militar. Uno de ellos está todavía encarcelado, mientras que a los otros tres les han impuesto condenas condicionales: se les prohíbe salir de la ciudad en la que viven así como salir de sus casas después de las 10 de la noche. â??Los tratan como a criminalesâ?, dijo a Amnistía Internacional un testigo de Jehová en Asjabad. Para más información, consulten la AU 174/07 (EUR 61/015/2007, del 5 de julio del 2007) y sus actualizaciones. Amnistía Internacional considera â??preso de concienciaâ? a toda persona encarcelada únicamente para castigarla por su objeción de conciencia al servicio militar. La organización pide la excarcelación inmediata e incondicional de todos los presos de conciencia.

Información complementaria

Turkmenistán no ofrece una alternativa civil para los jóvenes cuyas convicciones profundas les impiden realizar el servicio militar obligatorio. Los que se niegan a responder a la llamada a filas son encarcelados en aplicación del código penal.

En febrero del 2007, Amnistía Internacional publicó una lista de recomendaciones en las que pedía al nuevo gobierno de Turkmenistán que alineara al país con las obligaciones de derechos humanos que éste ha contraído en virtud del derecho internacional (véase EUR 61/005/2007, del 8 de febrero del 2007). Entre otras cuestiones, la organización recomendó que Turkmenistán introdujera â??disposiciones legislativas para garantizar la disponibilidad de una alternativa civil de duración no punitiva para todas las personas cuyas convicciones profundas les impidan realizar el servicio militarâ?.

Sin embargo, las recientes condenas de cuatro testigos de Jehová confirman que el nuevo gobierno no ha dado pasos para cambiar su política respecto a los objetores de conciencia.

Todos los casos de objeción de conciencia que han llegado a conocimiento de Amnistía Internacional en los últimos años se referían a testigos de Jehová, cuyas creencias religiosas no les permiten portar armas para un poder secular ni hacer juramentos, incluido el de lealtad que se exige a los reclutas en el ejército de Turkmenistán.

Amnistía Internacional considera objetor de conciencia a toda persona que puede ser llamada a realizar el servicio militar y se niega a cumplir un servicio militar armado por razones de conciencia o convicciones profundas. Las convicciones profundas pueden ser religiosas, éticas, morales, humanitarias, filosóficas, políticas o similares. Pero, independientemente del fundamento de conciencia en que se base su objeción, el derecho de estas personas a negarse a portar armas o a participar en guerras o conflictos armados, ha de garantizarse.

Amnistía Internacional no cuestiona el derecho de los gobiernos a reclutar a individuos en sus fuerzas armadas, ni tampoco adopta postura alguna, ni a favor ni en contra, sobre los motivos de objetores de conciencia individuales, pero sí exhorta a los gobiernos a que ofrezcan a todas las personas que pueden ser llamadas a filas la oportunidad de realizar un servicio alternativo al militar armado por razones de conciencia o de convicciones profundas.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en inglés, ruso, turcomano o en su propio idioma:

Manifestando que Amnistía Internacional ve con preocupación que Begench Shakhmuradov haya sido acusado de â??evasión de la llamada al servicio militarâ? por negarse a servir en el ejército por motivos religiosos, y que se encuentre actualmente en espera de juicio ante el Tribunal de Distrito de Azatlyk, en Asjabad;
declarando que Amnistía Internacional considera â??preso de concienciaâ? a toda persona encarcelada por su objeción de conciencia al servicio militar y pide que sea puesta en libertad inmediata e incondicionalmente;
exhortando a las autoridades a promulgar legislación que garantice la existencia de una alternativa civil, de duración no punitiva, para todas las personas cuyas profundas creencias religiosas les impiden cumplir el servicio militar.

LLAMAMIENTOS A:

Presidente de Turkmenistán
Gurbanguly Berdymuhamedov
President of Turkmenistan
Presidential Administration
744000 Ashgabat
TURKMENISTÁN
Fax: +993 12 355112
Tratamiento: Dear President Berdymuhamedov/Señor Presidente

Ministro de Asuntos Exteriores
Rashid Meredov
Minister of Foreign Affairs
Magtymkuli ave., 85
744000 Ashgabat
TURKMENISTÁN
Fax: +993 12 39 28 50
Correo electrónico: mfatm@online.tm
Tratamiento: Dear Minister/Señor Ministro

COPIAS A:

Directora del Instituto Nacional Turcomano de Democracia y Derechos Humanos
Shirin Akhmedova

Director of the Turkmen National Institute of Democracy and Human Rights
ul. Navoi 86
744000 Ashgabat
TURKMENISTÁN
Correo electrónico: nidhr@online.tm

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 19 de octubre del 2007.

Los datos personales que nos facilitaste constan en un fichero automatizado y confidencial de Amnistía Internacional. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, por favor, envía un mensaje a datos@es.amnesty.org

Si recibe contestación de una autoridad, envíenos el original o una copia, por favor, lo antes posible (ref.: â??Equipo AAUU – Respuestaâ?). Sólo es necesario que indique en el reverso de la misma el número que tiene la Acción Urgente a la que le han contestado (por ejemplo â??AU 25/99â?³ o bien â??EXTRA 84/99â?³). No es necesario que nos envíe copia de su propia carta. Si no desea que le enviemos un acuse de recibo, indíquenoslo también en el dorso con las palabras â??No acuseâ?. Gracias por su colaboración.

<<Accion Urgente : U238/07>>

A través de Amnistía Internacional nos llega este comunicado:

*************************************************************
Equipo de Acciones Urgentes Amnistía Internacional – Sección Española: http://www.es.amnesty.org
*************************************************************
Si recibe contestación de una autoridad, envíenos, original o copia, lo antes posible: AI-Sección Española / Fernando VI, 8 / 28004 Madrid (si es por correo electrónico, basta que reenvíe el mensaje a aauu@es.amnesty.org). Por favor indique en el reverso de la carta (o en el asunto/subject del mensaje) el número de la Acción Urgente a la que le contestan (ej: AU 25/99). No es necesario que nos envíe copia de su propia carta/mensaje. Si no desea que le acusemos recibo, indíquelo al dorso de la carta o en el asunto del mensaje con «No acuse». Gracias por su colaboración.
*************************************************************
Amnistía Internacional Sección Española Secretariado Estatal
Fernando VI, 8, 1º izda.
28004 Madrid
Telf. + 91 310 12 77 Fax + 91 319 53 34
amnistia.internacional@es.amnesty.org
http://es.amnesty.org
Acción Urgente Público – Índice AI: EUR 45/014/2007 –
1 de agosto de 2007 AU 196/07 Devolución (refoulement) / Temor de tortura REINO UNIDO

Jamil el-Banna, ciudadano jordano Jamil el-Banna, ciudadano jordano reconocido como refugiado por el Reino Unido en 1997, va a ser excarcelado de la base estadounidense de Guantánamo y tiene la intención de regresar al Reino Unido, donde viven su esposa y sus cinco hijos. Jamil el-Banna posee el documento de viaje, oficial y válido, que se concede a los refugiados, y debería tener derecho a regresar. Las autoridades británicas disponen hasta el 9 de agosto para decidir si le permiten o no regresar: si no aceptan, se teme que podrían devolverlo a Jordania, lo cual -como ya ha reconocido el propio gobierno británico al concederle la condición de refugiado-, lo expondría a un riesgo real de tortura. Jamil el-Banna era uno de los cuatro hombres que detuvieron en el aeropuerto de Banjul, Gambia, en noviembre del 2002. Antes de eso, la policía británica ya había detenido a Jamil el-Banna y a dos de los otros hombres para interrogarlos, acogiéndose a la legislación antiterrorista, pero los había puesto en libertad sin imputarles cargos. En diciembre del 2002, dos de los hombres detenidos en el aeropuerto de Banjul quedaron en libertad, sin cargos, y regresaron al Reino Unido. Jamil el-Banna y otro residente en el Reino Unido, Bisher al-Rawi, fueron entregados a agentes estadounidenses en Gambia poco después de su aprehensión. Posteriormente fueron trasladados ilegalmente a Afganistán y, seguidamente, a la base estadounidense de Guantánamo. Sus casos fueron objeto de la AU 359/02 (AFR 27/006/2002, del 11 de diciembre del 2002) y actualizaciones. Bisher al-Rawi regresó de Guantánamo al Reino Unido en marzo de este año. Jamil el-Banna lleva ya más de cuatro años y medio encarcelado en Guantánamo, sin cargos y sin juicio. El 26 de julio, el Tribunal Superior de Justicia (de Inglaterra y Gales) fijó el plazo de las 16:00 horas del 9 de agosto, para que el gobierno británico decida si tendría alguna objeción a que Jamil el-Banna regrese de Guantánamo al Reino Unido. El gobierno debe decidir si tratará de revocar la condición de refugiado de Jamil el-Banna y rescindir su documento de viaje, e impedir así que entre en el Reino Unido por motivos de seguridad nacional.

ACCIONES RECOMENDADAS:

Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en inglés o en su propio idioma: – señalando que Jamil el-Banna ha sido reconocido como refugiado por el gobierno del Reino Unido, debido al riesgo de tortura o malos tratos que correría en Jordania, y que su esposa e hijos viven en el Reino Unido; – exhortando a la ministra del Interior a que deje claro a las autoridades estadounidenses que el gobierno británico no tiene objeción a que Jamil el-Banna regrese al Reino Unido.

LLAMAMIENTOS A:

Ministra del Interior
Rt Hon Jacqui Smith
MP Secretary of State for the Home Department
Home Office 2 Marsham Street London SW1P 4DF Reino Unido
Fax: +44 20 7035 4745
Correo electrónico: homesecretary.submissions@homeoffice.gsi.gov.uk
Tratamiento: Dear Secretary of State/Señora Ministra
y a los representantes diplomáticos del Reino Unido acreditados en su país.

(EMBAJADA DE SU MAJESTAD BRITANICA)
Excmo. Sr. Stephen John Leadbetter WRIGHT
C/ Fernando el Santo, 16 28010 – MADRID
Teléfono: 91 700 82 00 Fax: 91 700 82 10
www.ukinspain.com

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 9 de agosto del 2007. Los datos personales que nos facilitaste constan en un fichero automatizado y confidencial de Amnistía Internacional.

Para ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, por favor, envía un mensaje a datos@es.amnesty.org Si recibe contestación de una autoridad, envíenos el original o una copia, por favor, lo antes posible (ref.: «Equipo AAUU – Respuesta»). Sólo es necesario que indique en el reverso de la misma el número que tiene la Acción Urgente a la que le han contestado (por ejemplo «AU 25/99» o bien «EXTRA 84/99»). No es necesario que nos envíe copia de su propia carta. Si no desea que le enviemos un acuse de recibo, indíquenoslo también en el dorso con las palabras «No acuse». Gracias por su colaboración.

A través de Amnistía Internacional nos llega este comunicado:

**********************************************************************
Equipo de Acciones Urgentes

Amnistía Internacional – Sección Española: http://www.es.amnesty.org
**********************************************************************

Si recibe contestación de una autoridad, envíenos, original o copia, lo antes posible: AI-Sección Española / Fernando VI, 8 / 28004 Madrid (si es por correo electrónico, basta que reenvíe el mensaje a aauu@es.amnesty.org). Por favor indique en el reverso de la carta (o en el asunto/subject del mensaje) el número de la Acción Urgente a la que le contestan (ej: AU 25/99).

No es necesario que nos envíe copia de su propia carta/mensaje. Si no desea que le acusemos recibo, indíquelo al dorso de la carta o en el asunto del mensaje con «No acuse».

Gracias por su colaboración.
**********************************************************************

Amnistía Internacional
Sección Española
Secretariado Estatal
Fernando VI, 8, 1º izda.
28004 Madrid
Telf. + 91 310 12 77
Fax + 91 319 53 34
amnistia.internacional@es.amnesty.org
http://es.amnesty.org

Acción Urgente

Público – Índice AI: MDE 23/027/2007 – 10 de julio de 2007

AU 180/07 Pena de muerte

ARABIA SAUDÍ
Halemma Nissa Cader, ciudadana de Sri Lanka
Naushad, ciudadano indio, esposo de la anterior
KMS Bandaranaike, ciudadano de Sri Lanka

Estas tres personas han sido condenadas a muerte por su participación en un robo armado, en el que al parecer mataron a una mujer en su casa, en Yidda, en noviembre de 2005. No han tenido asistencia letrada en ningún momento, ni siquiera durante el juicio, y se cree que confesaron bajo coacción.

Se cree que Halemma Nissa Cader, que tiene un hijo de corta edad; su esposo, Naushad, y KMS Bandaranaike han sido declarados culpables sobre la base de confesiones que la policía obtuvo de ellos con coacción durante su interrogatorio. Ninguno ha contado con asistencia letrada durante su detención ni en ninguna etapa del procedimiento judicial. Según informes, su causa va a pasar a ahora a la fase de apelación, pero siguen sin tener asistencia jurídica. Amnistía Internacional tiene más motivos aún de preocupación, pues las apelaciones se ven en secreto, y los tres podrían correr riesgo inminente de ejecución si se confirman sus condenas en esta vista.

INFORMACIÃ?N COMPLEMENTARIA

En Arabia Saudí se aplica la pena de muerte por una amplia variedad de delitos. Los procedimientos judiciales suelen incumplir las normas internacionales sobres juicios justos, y a menudo se celebran a puerta cerrada.

A los acusados se les niega por lo general el derecho a contar formalmente con un abogado, y en muchos casos no se les informa de la marcha de los procedimientos judiciales entablados en su contra. Pueden ser declarados culpables sin más pruebas que confesiones obtenidas con coacción, tortura o engaño. El índice de ejecuciones de Arabia Saudí ha experimentado un acusado aumento últimamente. Las autoridades han ejecutado al menos a 103 personas en lo que va de año, aunque la verdadera cifra podría ser mucho mayor.

Las condenas de muerte suelen llevarse a cabo por decapitación.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en inglés, en árabe o en su propio idioma:
– reconociendo el derecho del gobierno a llevar ante la justicia a los presuntos delincuentes, pero expresando oposición incondicional a la pena de muerte;
– instando al rey de Arabia Saudí a que conmute las condenas de muerte a KMS Bandaranaike, Naushad y Halemma Nissa Cader si se confirman en apelación;
– pidiendo a las autoridades que garanticen que KMS Bandaranaike, Naushad y Halemma Nissa Cader tienen acceso a abogados de su elección para interponer sus apelaciones, así como la oportunidad efectiva de ejercer su derecho de defensa y apelación contra sus condenas de muerte en un proceso transparente;
– recordando a las autoridades que están obligadas a cumplir las normas internaciones sobre juicios justos en los casos de delitos penados con la muerte, en particular las Salvaguardias de la ONU para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte, que garantizan la debida oportunidad de defensa y apelación y prohíben la imposición de la pena de muerte si cabe interpretar los hechos de otro modo.

LLAMAMIENTOS A:

Rey de Arabia Saudí
King Abdullah Bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Saud
The Custodian of the two Holy Mosques
Office of His Majesty the King
Royal Court, Riyadh, Arabia Saudi
Fax: (vía el Ministerio del Interior) +966 1 403 1185
Tratamiento Your Majesty / Majestad

Ministro del Interior
His Royal Highness Prince Naif bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Saud
Minister of the Interior
Ministry of the Interior
P.O. Box 2933
Airport Road, Riyadh 11134
Arabia Saudí
Fax: +966 1 403 1185
Tratamiento: Your Royal Highness / Señor Ministro
Salutation: Your Royal Highness

Ministro de Asuntos Exteriores
His Royal Highness Prince Saud al-Faisal bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Saud
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
Nasseriya Street
Riyadh 11124
Arabia Saudí
Fax: +966 1 403 0645
Tratamiento: Your Royal Highness / Señor Ministro

COPIA A:

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
Mr Turki bin Khaled Al-Sudairy
President
Human Rights Commission
PO Box 58889, Riyadh 11515
King Fahad Road, Building No.373
Riyadh
Arabia Saudí
Fax: +966 1 4612061

los representantes diplomáticos de Arabia Saudí acreditados en su país.

(EMBAJADA DEL REINO DE ARABIA SAUDI)
S.A.R. Príncipe Saud Bin NAIF bin ABDULAZIZ AL-SAUD
Doctor Alvarez Sierra, 3 28033 – MADRID
Tel̩fono: 91 383 43 00 y 91 383 22 29 РFax: 91 302 11 45
Sección Consular: Fax: 91 766 73 38
E-mail: info@arabiasaudi.org
prensa@arabiasaudi.org
www.arabiasaudi.org

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 21 de agosto de 2007.
Los datos personales que nos facilitaste constan en un fichero automatizado y confidencial de Amnistía Internacional. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, por favor, envía un mensaje a datos@es.amnesty.org

Si recibe contestación de una autoridad, envíenos el original o una copia, por favor, lo antes posible (ref.: «Equipo AAUU – Respuesta»). Sólo es necesario que indique en el reverso de la misma el número que tiene la Acción Urgente a la que le han contestado (por ejemplo «AU 25/99» o bien «EXTRA 84/99»). No es necesario que nos envíe copia de su propia carta. Si no desea que le enviemos un acuse de recibo, indíquenoslo también en el dorso con las palabras «No acuse». Gracias por su colaboración.

A ver si los «amigos» del rey de Arabia Saudí que hace poco le dieron la medalla de oro de Madrid «hacen algo».