Esta es la primera actualización de AU 200/09. Más información en: http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/086/2009/es

Más información sobre AU 200/09 Índice: AMR 51/092/2009 Fecha de emisión: 19 de agosto de 2009

EJECUCIÓN EN OHIO

Jason Getsy fue ejecutado en Ohio el 18 de agosto.

Jason Getsy había sido condenado a muerte por el asesinato de Ann Serafino, cometido en 1995. El gobernador de Ohio, Ted Strickland, había rechazado la recomendación de indulto de la Junta de Libertad Condicional del estado. En una declaración, el gobernador Strickland manifestó: “Aunque mi decisión es contraria a la recomendación de la mayoría de los miembros de la Junta de Libertad Condicional, aprecio y respeto su meditado estudio y consideración de este difícil caso”.

Cuatro jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos estaban a favor de dictar una suspensión de la ejecución, uno menos de lo necesario para ser mayoría. Se trata de los jueces John Paul Stevens, Ruth Ginsburg, Stephen Breyer y Sonia Sotomayor. Esta era la primera votación de la juez Sotomayor en un caso de pena de muerte, tras haber sido designada como candidata a la Corte Suprema por el presidente Barack Obama en mayo de 2009 y haber ocupado su puesto en la Corte el 8 de agosto.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

En lo que va de año se han llevado a cabo en Estados Unidos 36 ejecuciones, 4 de ellas en Ohio. Desde que Estados Unidos reanudó los homicidios judiciales en 1977, ha habido 1.172 ejecuciones en todo el país. De ellas, 32 han tenido lugar en Ohio.

Público Índice AI: MDE 13/063/2009

26 de junio de 2009

AU 172/09 Detención arbitraria / Temor de tortura

IRÁN Esma’il Alavi

Mohammad Reza Junaydi

Bahram Mohammadi Far

una persona identificada sólo como Karimoddini

una persona identificada sólo como Hossein Qorreh

una persona identificada sólo como Taqipour

una persona identificada sólo como Darabi

y al menos 13 empleados más del periódico Kalameh Sabz

Según ha manifestado Alireza Beheshti, director de Kalameh Sabz, en una entrevista con el servicio en persa de Deutsche Welle, al menos 25 empleados del periódico, incluidos los mencionados aquí, fueron detenidos en sus oficinas de la plaza de Haft Tir de la capital, Teherán, el 22 de junio. Kalameh Sabz fue fundado por el candidato presidencial Mir Hossein Musaví en 2009, pero no se publica desde el 14 de junio. Alrededor de cinco mujeres incluidas entre los 25 empleados detenidos fueron puestas en libertad poco después. Se ignora el paradero de los que continúan detenidos, y se teme que sufran tortura u otros malos tratos. Amnistía Internacional cree que todos los miembros del personal de Kalameh Sabz detenidos son presos de conciencia, recluidos únicamente por la expresión pacífica de sus opiniones en relación, entre otras cosas, con el resultado de las elecciones.

Según información publicada el 23 de junio por la agencia de noticias Fars, la policía asaltó el 22 de junio un edificio de la plaza de Haft Tir y detuvo a varias personas, aunque la agencia no mencionó a Kalameh Sabz por su nombre. Según la información, se habían desarrollado allí «actividades» en favor de uno de los candidatos presidenciales, como «organizar reuniones ilegales, animar a la gente a alterar el orden [y] atentar contra la seguridad del país». La agencia dijo que se habían encontrado en ese edificio datos que documentaban «relaciones ilegales con medios de comunicación de los enemigos e injerencia de extranjeros».

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Desde que se anunció, el 13 de junio, que el presidente Ahmadineyad había ganado las elecciones presidenciales, resultado que centenares de miles de iraníes cuestionan, las autoridades de Irán han impuesto draconianas restricciones a la libertad de expresión. Se ha bloqueado o interrumpido considerablemente el acceso a Internet. Se han prohibido publicaciones iraníes por ofrecer información sobre los disturbios. Se ha prohibido salir a la calle a reporteros extranjeros, y en algunos casos se los ha expulsado del país.

Según informes, se ha detenido a decenas de personas en todo el país, incluidas destacadas figuras políticas afines a Mir Hossein Musaví; al otro candidato presidencial, Mehdi Karroubi, o al ex presidente Jatami, que apoyó la campaña de Mir Hossein Musaví. También se han practicado detenciones de defensores de los derechos humanos y periodistas que son miembros de partidos políticos o que hicieron campaña en favor de los candidatos presidenciales. El 24 de junio, 70 profesores universitarios que se habían reunido ese día con Mir Hossein Musaví fueron detenidos al salir de la oficina de éste. Excepto cuatro, todos fueron puestos en libertad poco después. Entre los que continúan detenidos se encuentra el Dr. Ghorban Behzadian, director de la campaña electoral de Mir Hossein Musaví. Centenares de personas más han sido detenidas durante las manifestaciones en contra del resultado de las elecciones, a las que las fuerzas de seguridad han respondido haciendo uso excesivo de la fuerza. Muchos manifestantes han sido golpeados y, según las autoridades, han muerto hasta 21 personas, aunque la verdadera cifra probablemente sea más alta.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en persa, en inglés, en árabe, en francés o en su propio idioma:

– solicitando a las autoridades que revelen la identidad de todos los empleados de Kalameh Sabz detenidos, así como las razones de su detención y los cargos que puedan haberse presentado contra ellos;

– instando a las autoridades a que informen de su paradero a las familias de los que continúan detenidos y a que proporcionen a éstos acceso inmediato a ellas, así como a abogados de su elección y a los servicios médicos que puedan necesitar, y garanticen que están protegidos contra todas las formas de tortura y otros malos tratos;

– pidiendo a las autoridades que dejen de inmediato en libertad a todos los miembros del personal de Kalameh Sabz detenidos si se encuentran recluidos únicamente por la expresión pacífica de sus opiniones políticas o de otra índole, incluidas las relativas al resultado de las elecciones.

LLAMAMIENTOS A:

Líder de la República Islámica

Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei

The Office of the Supreme Leader

Islamic Republic Street – End of Shahid Keshvar Doust Street, Tehran, Irán

Correo-e: info_leader@leader.ir

vía el sitio web: http://www.leader.ir/langs/en/index.php?p=letter (inglés)

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=letter (persa)

Tratamiento: Your Excellency / Excelencia

Presidente de la Magistratura

Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi

Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh (Office of the Head of the Judiciary)

Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri, Tehran 1316814737, Irán

Correo-e: shahroudi@dadgostary-tehran.ir (en «asunto», escriban: «FAO Ayatollah Shahroudi»)

Tratamiento: Your Excellency / Excelencia

COPIAS A:

Presidente de la Asociación de Periodistas Iraníes

Rajabali Mazrooei

N°87, 7th St., Kabkanian St.

Keshavarz Boulevard, Tehran, Irán

Fax: 98-21-896.35.39

Correo-e: generalsecretary@aoij.org

Tratamiento: Dear Mr Mazrooei / Sr. Mazrooei

y a la representación diplomática de Irán acreditada en su país.

Sr. Seyed Davoud MOHSENI SALEHI MONFARED

Jerez, 5, Villa «El Altozano» (Chamartín) 28016 – MADRID

Teléfono: 91 345 01 12 // 91 345 01 16 // 91 345 06 52

Fax: 91 345 11 90 Telex: 22322-IRANA-E

E-mail: embiran@hotmail.com

www.embajadairan.es/madrid/

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 6 de agosto.

PÚBLICO- Índice AI: AMR 45/011/2009- 12 de junio de 2009

AU 147/09 Preocupación jurídica / duras condiciones de vida

PARAGUAY Integrantes de la comunidad indígena Yakye Axa

En estos momentos, el Congreso de Paraguay está estudiando un proyecto de ley cuyo rechazo socavaría gravemente un importante precedente positivo, de carácter nacional e internacional, con respecto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre las tierras y obstaculizaría el cumplimiento, por parte del Estado de Paraguay, de una sentencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Estado de Paraguay ya incumplió, en julio de 2008, el plazo de tres años establecido por la Corte para restituir a la comunidad Yakye Axa sus tierras ancestrales. Al continuar incumpliendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ponen en peligro las vidas de las personas pertenecientes a la comunidad, que viven en una estrecha franja de tierra junto a una transitada autopista, donde no pueden recurrir a sus formas tradicionales de subsistencia, y se les obliga a sobrevivir en condiciones penosas y degradantes, con limitadísimo acceso al agua, a servicios higiénicos y de salud, a la educación y a otros servicios, a pesar de que el Estado tiene la obligación de facilitar dichas prestaciones hasta que se les devuelvan sus tierras. Desde que se emitió la sentencia en junio de 2005 han muerto nueve personas a causa de enfermedades prevenibles. Según informes, durante la primera semana de junio, el joven de 21 años José Carlos Ramos Valdón murió de tuberculosis, una enfermedad que se podría haber prevenido. Entre noviembre de 2008 y mayo de 2009, la comunidad indígena Yakye Axa sólo ha recibido un envío de alimentos (en febrero de 2009), equivalente a la mitad de sus necesidades mensuales en circunstancias normales.

En noviembre de 2008, el presidente Lugo firmó un proyecto de ley por el que se declaraban de «utilidad social» las 15.963 hectáreas reclamadas por los Yakye Axa, y se ordenaba expropiarlas, para que pasaran a manos del Estado que, posteriormente, se las devolvería a los Yakye Axa y pagaría a los actuales propietarios una indemnización.

Actualmente cuatro comisiones del Senado están analizando el proyecto de ley de expropiación. Según la información recibida por Amnistía Internacional, parece probable que una de las principales comisiones, la de Reforma Agraria y Bienestar Rural, recomiende que no se apruebe. Asimismo, preocupa la posibilidad de que la otra comisión clave, la de Hacienda, Presupuestos y Cuentas, pudiera adoptar una postura similar. Sin la opinión favorable de ambas, es poco probable que el Congreso apruebe el proyecto de ley.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

En 2006, la Corte dictó sentencia en otro caso similar, relativo a la vecina comunidad Sawhoyamaxa. Según las autoridades del gobierno, continúan tratando de negociar con el propietario de las tierras ancestrales reclamadas por los Sawhoyamaxa, pero después de tres años aún no se tiene constancia de que el proceso haya dado frutos. El plazo para la restitución de las tierras expiró el 19 de mayo de 2009. Desde la emisión de la sentencia, en 2006, han muerto de enfermedades prevenibles 22 personas pertenecientes a la comunidad Sawhoyamaxa, en su mayoría niños y niñas. Entre diciembre de 2008 y enero de 2009, murieron de diarrea y vómitos seis miembros de la comunidad, cuatro de ellos bebés (véase AU 40/09, 16 de febrero de 2009, AMR 45/006/2009). Tras dichas muertes, inquieta profundamente que la atención médica siga siendo insuficiente y que, sólo de forma esporádica, se suministren agua potable y alimentos, en cantidad insuficiente.

Ambas sentencias sientan importantes precedentes con respecto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre las tierras, motivo por el cual es aún más necesario que el Estado de Paraguay tome todas las medidas posibles para demostrar, dentro y fuera del país, su voluntad de acatar el derecho internacional y de cumplir los compromisos jurídicos que ha adquirido voluntariamente. Paraguay ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos hace casi dos decenios, y en 1993 aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al incumplir sus sentencias, lo que se transmitiría a los pueblos indígenas de Paraguay es que, aunque el gobierno actual prometió abordar importantes cuestiones relacionadas con sus derechos humanos, dichas promesas continúan lejos de hacerse realidad, a la vez que se debilitaría la imagen del país tanto en el seno de la Corte Interamericana como a escala internacional.

Por último, al margen de la sentencia de la Corte Interamericana, la Constitución paraguaya reconoce también el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad comunitaria de la tierra, y exige al Estado que les provea gratuitamente de dichas tierras (artículo 64).

ACCIONES RECOMENDADAS:

Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en español o en su propio idioma:

• expresando preocupación por el hecho de que, pese a haber expirado el plazo de tres años establecido por la Corte Interamericana para restituir a los Yakye Axa sus tierras, la comunidad siga viviendo en penosas condiciones junto a la autopista Pozo Colorado-Concepción;

• instando a quienes integran la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural y a las otras tres comisiones a estudiar el proyecto de ley (núm. 00538) y a aprobarlo, de conformidad con sus obligaciones en virtud de la sentencia de la Corte Interamericana y con los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución de Paraguay.

• recordando al Congreso que, al aprobar este proyecto de ley y devolver a los Yakye Axa unas tierras de importancia cultural, histórica y espiritual para su comunidad, no sólo cumpliría sus obligaciones jurídicas internacionales, sino que también demostraría ser leal a su compromiso de garantizar una vida digna para las comunidades indígenas de Paraguay.

LLAMAMIENTOS A:

Presidente de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural

Silvio Adalberto Ovelar Benítez

Presidente de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural

Honorable Cámara de Senadores

14 de Mayo y Avda. República

Asunción- Paraguay

Correo-e: sovelar@senado.gov.py

Telefax: +595 (0) 21 414 5027 (digan «tono de fax, por favor»)

Tratamiento: Estimado Senador

Presidente del Senado

Enrique González Quintana

Presidente de la Honorable Cámara de Senadores

de la República del Paraguay

Honorable Cámara de Senadores

14 de Mayo y Avda. República

Asunción – Paraguay

Correo-e: gquintana@senado.gov.py

Fax: +595 (0) 21 414 5905

Tratamiento: Estimado Sr. Presidente de la Cámara de Senadores

COPIA A:

Tierraviva

Manuel Domínguez Nº 1073 e/ EEUU y Brasil

Asunción, Paraguay

Fax: +595 21 202 039 / + 595 21 209 092/ + 595 982 344 034

Correo-e: tierraviva@tierraviva.org.py

y a la representación diplomática de Paraguay acreditada en su país:

(EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY)

Excmo. Sr. Nelson M. ARGAÑA CONTRERAS

Pº. Eduardo Dato, 21, 4º. Izda. 28010 – MADRID

Teléfono: 91 308 27 46 // 91 308 53 19

Fax: 91 308 49 05 .-.

E-mail:embapar@arrakis.es

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 24 de julio de 2009.

Si recibe contestación de una autoridad, envíenos el original o una copia, por favor, lo antes posible (ref.: «Equipo AAUU – Respuesta»). Sólo es necesario que indique en el reverso de la misma el número que tiene la Acción Urgente a la que le han contestado (por ejemplo «AU 25/99» o bien «EXTRA 84/99»). No es necesario que nos envíe copia de su propia carta. Si no desea que le enviemos un acuse de recibo, indíquenoslo también en el dorso con las palabras «No acuse». Gracias por su colaboración.

Público – Índice AI: MDE 23/016/2009 – 26 de mayo de 2009

AU 133/09 Pena de muerte

ARABIA SAUDÍ Khalid ‘Abdul Karim al-Mahamid (h), de alrededor de 48 años

Un hombre encarcelado por contrabando de drogas ha sido condenado ahora a muerte y podría ser ejecutado en cualquier momento.

Khalid al-Mahamid fue detenido en Yidda en abril de 2006 y acusado de contrabando de drogas. En marzo de 2007, el Tribunal General de Yidda lo condenó a 10 años de prisión y a recibir 2.000 latigazos. Sin embargo, en abril de 2009, tras examinar el Tribunal de Casación la sentencia y devolver la causa al Tribunal General para su revisión, éste ha confirmado la sentencia y ha aumentado la condena, imponiendo la pena de muerte.

En Arabia Saudí, los presos penados pueden ser ejecutados aunque no se les haya comunicado previamente el momento de la ejecución. Por consiguiente, Khalid al-Mahamid podría ser ejecutado en cualquier momento.

En lo que va de año se ha tenido noticia de al menos 38 ejecuciones en Arabia Saudí. En 2008 fueron ejecutadas al menos 102 personas.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

En Arabia Saudí se aplica la pena de muerte por una amplia variedad de delitos. Los procedimientos judiciales incumplen las normas internacionales sobre juicios justos. Raras veces se permite a los acusados contar formalmente con asistencia letrada, y en muchos casos no son informados de la marcha de los procedimientos judiciales. Pueden ser declarados culpables sin más pruebas que confesiones obtenidas con coacción o engaño.

En un reciente informe sobre la pena de muerte en Arabia Saudí, Amnistía Internacional pone de relieve el amplio uso que se hace de ella y el número desproporcionadamente alto de ejecuciones de extranjeros procedentes de países en desarrollo que se llevan a cabo. Para más información, véase Saudi Arabia: Affront to Justice: Death Penalty in Saudi Arabia (Índice AI: MDE 23/027/2008), publicado el 14 de octubre de 2008: http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/saudi-arabia-executions-target-foreign-nationals-20081014

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en inglés, en árabe o en su propio idioma:

– instando al rey a que detenga la ejecución de Khalid ‘Abdul Karim al-Mahamid;

– pidiéndole que conmute con urgencia la pena a Khalid ‘Abdul Karim al-Mahamid y a todos los demás condenados a muerte de Arabia Saudí, con miras a abolir la pena de capital;

– preguntando qué se ha hecho para garantizar que Khalid ‘Abdul Karim al-Mahamid puede ejercer de manera efectiva su derecho a una revisión judicial y a solicitar un indulto;

– recordando a las autoridades que deben actuar de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos, incluidas las Salvaguardias para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte, que disponen que la pena capital sólo puede imponerse en un juicio justo, en el que el acusado cuente con la debida asistencia letrada en todo momento.

LLAMAMIENTOS A:

Rey de Arabia Saudí

His Majesty King ‘Abdullah Bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Saud

The Custodian of the two Holy Mosques

Office of His Majesty the King

Royal Court

Riyadh

Arabia Saudí

Fax: (vía el Ministerio del Interior) +966 1 403 1185 (insistan)

Tratamiento: Your Majesty / Majestad

Ministro del Interior

His Royal Highness Prince Naif bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Saud

Minister of the Interior

Ministry of the Interior

P.O. Box 2933, Airport Road

Riyadh 11134

Arabia Saudí

Fax: +966 1 403 1185 (insistan)

Tratamiento Your Royal Highness / Señor Ministro

Ministro de Asuntos Exteriores

His Royal Highness Prince Saud al-Faisal bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Saud

Minister of Foreign Affairs

Ministry of Foreign Affairs

Nasseriya Street

Riyadh 11124

Arabia Saudí

Fax: +966 1 403 0645

Tratamiento Your Royal Highness / Señor Ministro

COPIAS A:

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos

Turki bin Khaled Al-Sudairy

President

Human Rights Commission

P.O. Box 58889

King Fahad Road, Building No. 373

Riyadh 11515

Arabia Saudí

Fax: +966 1 4612061

y a la representación diplomática de Arabia Saudí acreditada en su país:

EMBAJADA DEL REINO DE ARABIA SAUDÍ

S.A.R. Príncipe Saud Bin NAIF bin ABDULAZIZ AL-SAUD

Doctor Alvarez Sierra, 3 28033 – MADRID

Fax: 91 302 11 45

E-mail: info@arabiasaudi.org

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 3 de julio de 2009.

Si recibe contestación de una autoridad, envíenos el original o una copia, por favor, lo antes posible (ref.: «Equipo AAUU – Respuesta»). Sólo es necesario que indique en el reverso de la misma el número que tiene la Acción Urgente a la que le han contestado (por ejemplo «AU 25/99» o bien «EXTRA 84/99»). No es necesario que nos envíe copia de su propia carta. Si no desea que le enviemos un acuse de recibo, indíquenoslo también en el dorso con las palabras «No acuse». Gracias por su colaboración.

PÚBLICO – Índice AI: AMR 25/005/2009 – 30 de abril de 2009

AU 115/09 Acoso

CUBA Edgard López Moreno

A Edgard López Moreno, aceptado como refugiado por el gobierno estadounidense en febrero de 2007, las autoridades cubanas le han negado repetidamente el visado de salida del país. Como protesta, Edgar López lleva en huelga de hambre desde el 14 de abril. A su esposa la aceptaron como refugiada a la vez que a él, y en 2007 se le concedió un visado de salida; ahora vive en Estados Unidos, al igual que los hermanos de Edgar López y otros familiares.

Aunque ha cumplido todos los requisitos administrativos establecidos por las autoridades de migración cubanas, a Edgard López se le ha negado arbitrariamente su derecho a abandonar Cuba. Según dijo a Amnistía Internacional, la última vez que solicitó el visado, en enero de 2009, la oficina de migración donde lo solicitó le dijo que el Departamento de Seguridad del Estado estaba bloqueando la emisión de su visado.

Edgard López Moreno cree que este trato que está recibiendo se debe a su trabajo como presidente de la Coalición Juvenil Martiana, organización en favor de la democracia que contribuyó a fundar en 2005.

Durante los dos años en los que ha estado tratando de abandonar Cuba, Edgard López Moreno ha sido convocado en varias ocasiones por el Departamento de Seguridad del Estado. Allí le han dicho que, si quiere conseguir alguna vez un visado de salida, debe poner fin a sus actividades políticas y abandonar la presidencia de la Coalición Juvenil Martiana.

El 18 y 19 de abril, unos agentes del Departamento de Seguridad del Estado situados cerca de la casa de Edgar López estuvieron dando el alto y deteniendo a todas las personas que trataban de visitarlo. El 25 de abril, unos agentes se presentaron en su casa y le dijeron que, si ponía fin a la huelga de hambre y guardaba silencio, recibiría el visado de salida en julio, pero si seguía con sus protestas nunca le permitirían abandonar Cuba. Él hizo caso omiso de esta advertencia y, el 27 de abril, apeló contra su última denegación del visado de salida. Como muestra de solidaridad, decenas de ciudadanos de Cuba firmaron su apelación.

La esposa de Edgar López, Rufina Velásquez González, fue detenida en 2007 junto con sus padres tras realizar una marcha de 950 km, de Santiago de Cuba a La Habana, para pedir respeto por los derechos humanos. Rufina Velásquez y su madre quedaron más tarde en libertad, pero su padre, periodista independiente, cumple una pena de tres años de prisión por un delito conocido en Cuba como «peligrosidad social», por su participación en esta marcha pacífica.

La denegación del visado de salida a Edgard López no sólo viola el derecho universalmente reconocido a salir de tu propio país, sino que constituye además una medida innecesariamente punitiva por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión y asociación.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El gobierno cubano está utilizando la denegación de visados de salida como medida punitiva contra críticos y disidentes del gobierno, a quienes se niega de forma habitual el derecho a abandonar Cuba. Cualquier persona que ejerza de forma pacífica su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión y se oponga al gobierno corre peligro de ser privada de su derecho a la libertad de circulación.

Los cubanos que deseen viajar al extranjero deben obtener un visado de salida denominado «tarjeta blanca». Aunque Raúl Castro anunció en 2008 que su gobierno suavizaría las restricciones de viaje de sus ciudadanos, la situación no ha cambiado. Se ha negado a periodistas independientes, a defensores y defensoras de los derechos humanos y a personas que se oponen políticamente al gobierno su derecho a abandonar Cuba. En 2008, a Yoani Sánchez, autora de un blog, se le impidió salir de Cuba para recibir el premio Ortega y Gasset 2008 al periodismo digital. En 2005, a las representantes de las Damas de Blanco -grupo formado por familiares y amistades de las 75 personas encarceladas en la represión de marzo de 2003- no se les permitió viajar para recibir el Premio Sajarov para la Libertad de Conciencia, otorgado por el Parlamento Europeo. Oswaldo Payá Sardiñas, uno de los líderes del Proyecto Varela, fue galardonado con el Premio Sajarov en 2002, y no recibió permiso para viajar a Estrasburgo a recogerlo.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español o en su propio idioma:

– pidiendo a las autoridades que garanticen que Edgard López Moreno puede ejercer su derecho a la libertad de circulación; para ello, entre otras cosas, deben expedirle un visado de salida y permitirle abandonar Cuba según sus deseos;

– recordando a las autoridades que el derecho a la libertad de circulación está reconocido universalmente por el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Cuba es signatario;

– expresando preocupación por las restricciones a la libertad de circulación que se están imponiendo a disidentes gubernamentales y periodistas independientes, e instando a las autoridades a ponerles fin.

LLAMAMIENTOS A:

Raúl Castro Ruz

Presidente

La Habana, Cuba

Fax: +53 7 8333085 (a través del Ministerio de Relaciones Exteriores)

+1 2127791697 (a través de la Misión Cubana en la ONU)

Correo-e.: cuba@un.int (a través de la Misión Cubana en la ONU)

Tratamiento: Su Excelencia

General Abelardo Colomé Ibarra

Ministro del Interior y Prisiones

Ministerio del Interior, Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba

Fax: +53 7 8333085 (a través del Ministerio de Relaciones Exteriores)

+1 2127791697 (a través de la Misión Cubana en la ONU)

Tratamiento: Señor Ministro

Teniente Coronel Mario Augusto López Expósito

Jefe del Departamento de Migración, Dirección de Inmigración y Extranjería

3 y 22 Miramar, La Habana, Cuba

Tratamiento: Señor Teniente Coronel

COPIA A:

Edgard López Moreno

401 No, 17 409 e/174 y 176

Rpto. Nueva Aurora, Stgo de las Vegas

Boyeros, C Habana, Cuba

y a la representación diplomática de Cuba acreditada en su país.

EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE CUBA

Excmo. Sr. Alberto VELAZCO SAN JOSE

Pº. de la Habana, 194, 28036 – MADRID

Teléfono: 91 359 25 00 Fax: 91 359 61 45

E-mail: secreembajada@ecubamad.com

www.ecubamad.com

Si recibe contestación de una autoridad, envíenos el original o una copia, por favor, lo antes posible (ref.: «Equipo AAUU – Respuesta»). Sólo es necesario que indique en el reverso de la misma el número que tiene la Acción Urgente a la que le han contestado (por ejemplo «AU 25/99» o bien «EXTRA 84/99»). No es necesario que nos envíe copia de su propia carta. Si no desea que le enviemos un acuse de recibo, indíquenoslo también en el dorso con las palabras «No acuse». Gracias por su colaboración.

Público – Índice AI: MDE 31/005/2009 – 20 de abril de 2009

Más información (actualización núm. 1) sobre AU 100/09 (MDE 31/004/2009, de 14 de abril de 2009)
Pena de muerte

YEMEN ‘Aisha Ghalib al-Hamzi (m), de unos 40 años, madre de 7 hijos

‘Aisha Ghalib al-Hamzi fue ejecutada el 19 de abril por el asesinato de su esposo. Sus siete hijos se habían negado a indultarla. En los casos de qisas (castigo equivalente al delito), los familiares de la víctima del delito están facultados para solicitar una indemnización o conceder sin más el indulto.

‘Aisha Ghalib al-Hamzi había sido condenada a muerte por el asesinato de su esposo en octubre de 2003. Estaba recluida en la Prisión Central de la capital yemení, Saná. Su condena se había confirmado en apelación en 2007, y en diciembre de 2008 había sido ratificada también por el Tribunal Supremo. El presidente de Yemen la había aprobado recientemente. La ejecución tenía que haberse llevado a cabo el 4 de abril de 2009, pero se había aplazado dos semanas para poder solicitar el indulto a los familiares del esposo de ‘Aisha Ghalib al-Hamzi.

No se requiere ninguna otra acción por parte de la Red de Acción Urgente. Nuestro agradecimiento a quienes enviaron llamamientos.

Si recibe contestación de una autoridad, envíenos el original o una copia, por favor, lo antes posible (ref.: «Equipo AAUU – Respuesta»). Sólo es necesario que indique en el reverso de la misma el número que tiene la Acción Urgente a la que le han contestado (por ejemplo «AU 25/99» o bien «EXTRA 84/99»). No es necesario que nos envíe copia de su propia carta. Si no desea que le enviemos un acuse de recibo, indíquenoslo también en el dorso con las palabras «No acuse». Gracias por su colaboración.

Público –  Índice AI: MDE31/004/2009 – 14 de abril de 2009

AU 100/09    Pena de muerte / temor de ejecución inminente
YEMEN    ‘Aisha Ghalib (m), de unos 40 años

‘Aisha Ghalib corre riesgo inminente de ejecución. Ha agotado todas las posibilidades de apelación, por lo que sólo queda que el presidente yemení ratifique la condena de muerte. Fuentes de Yemen han informado a Amnistía Internacional de que podría ser ejecutada el 19 de abril.

‘Aisha Ghalib fue condenada a muerte por el asesinato de su esposo. Amnistía Internacional no dispone de mucha información sobre su juicio, salvo que la condena la dictó un tribunal de primera instancia en octubre de 2003 y que fue confirmada en apelación en 2007 y por el Tribunal Supremo de Saná en diciembre de 2008. La ejecución quedó fijada para el 4 de abril de 2009, pero se aplazó dos semanas para dar tiempo a solicitar un indulto a los familiares del esposo de ‘Aisha Ghalib, pues cuando el asesinato se castiga con qisas, la familia de la víctima tiene atribuciones para pedir la ejecución del condenado, solicitar una indemnización o diya o conceder el indulto sin recibir nada a cambio. ‘Aisha Ghalib se halla recluida en la Prisión Central de la capital, Saná.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El uso de la pena de muerte en Yemen es motivo de preocupación para Amnistía Internacional desde hace mucho tiempo, en particular porque las condenas de muerte se imponen a menudo tras procedimientos que no cumplen las normas internacionales sobre juicios justos. Amnistía Internacional reconoce el derecho y el deber de los gobiernos de llevar ante la justicia a los presuntos autores de delitos comunes reconocibles, pero se opone incondicionalmente y en todos los casos a la pena de muerte por considerarla la forma más extrema de trato cruel, inhumano y degradante y una violación del derecho a la vida.

Al menos 13 personas fueron ejecutadas en Yemen en 2008, y actualmente hay en el país centenares de condenados a muerte.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en árabe, en inglés o en su propio idioma:

–     instando a las autoridades a que no ejecuten a ‘Aisha Ghalib;
–     pidiendo al presidente que conmute la pena a ‘Aisha Ghalib y a todas las demás personas condenadas a muerte;
–     reconociendo el derecho del gobierno de llevar ante la justicia a los presuntos autores de delitos comunes reconocibles, pero expresando oposición incondicional a la pena de muerte;
–     recordando a las autoridades que deben cumplir las normas internacionales sobre juicios justos en las causas por delitos condenados con la muerte, lo que incluye respetar el derecho a solicitar un indulto o la conmutación de la condena.

LLAMAMIENTOS A:

Presidente
His Excellency General ‘Ali ‘Abdullah Saleh
Office of the President of the Republic of Yemen
Sana’a
Yemen
Fax:        + 967 127 4147
Tratamiento:    Your Excellency / Señor Presidente

Fiscal general
His Excellency ‘Abdullah al-‘Ulufi
Office of the Attorney General
Sana’a
Yemen
Fax:        + 967 137 4412
Tratamiento:    Your Excellency / Señor Fiscal General

Ministra de Derechos Humanos
Her Excellency Houda ‘Ali ‘Abdullatif al-Baan
Ministry for Human Rights
Sana’a
Yemen
Fax:        + 967 1 444 8333
Tratamiento:    Your Excellency / Señora Ministra

Ministro de Justicia
His Excellency Dr Ghazi Shaif al-Aghbari
Ministry of Justice
Sana’a
Yemen
Fax:         + 967 1 222 015
Tratamiento:    Your Excellency / Señor Ministro

COPIA A: la representación diplomática de Yemen acreditada en su país:

EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEL YEMEN
Excmo. Sr.
Paseo de la Castellana nº 117-8º D.
28046 MADRID
Teléfono: 91 4119950
Fax: 91 562 38 65 // 637 86 40 47
E-mail: secretaria@embajadayemen.es

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 26 de mayo.

Los datos personales que nos facilitaste constan en un fichero automatizado y confidencial de Amnistía Internacional. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, por favor, envía un mensaje a datos@es.amnesty.org

Si recibe contestación de una autoridad, envíenos el original o una copia, por favor, lo antes posible (ref.: «Equipo AAUU – Respuesta»). Sólo es necesario que indique en el reverso de la misma el número que tiene la Acción Urgente a la que le han contestado (por ejemplo «AU 25/99» o bien «EXTRA 84/99»). No es necesario que nos envíe copia de su propia carta. Si no desea que le enviemos un acuse de recibo, indíquenoslo también en el dorso con las palabras «No acuse». Gracias por su colaboración.

Público- Índice AI: MDE 23/008/2009 – 8 de abril de 2009

Más información (actualización núm. 7 sobre AU 116/07 (MDE 23/019/2007, de 17 de mayo de 2007) y sus actualizaciones (MDE 23/030/2007, de 2 agosto de 2007; MDE 23/016/2008, de 31 de marzo de 2008; MDE 23/012/2008, de 8 de abril de 2008; MDE 23/037/2008, de 14 de agosto de 2008, y MDE 23/049/2008, de 27 de noviembre de 2008)) – Pena de muerte / Temor de ejecución inminente

ARABIA SAUDÍ Mohamed Kohail, de 23 años, ciudadano canadiense

Mehanna Sa’d, de 22, ciudadano jordano

Sultan Kohail, de 17, ciudadano canadiense

El 4 de abril de 2009, el Tribunal General de Yidda confirmó las condenas de muerte del ciudadano canadiense Mohamed Kohail y el ciudadano jordano Mehanna Sa’d. Las condenas se han remitido de nuevo al Consejo Judicial Supremo, y si esté las aprueba, ambos hombres podrían ser ejecutados en cualquier momento.

Por su parte, Sultan Kohail se encuentra todavía en espera de nuevo juicio ante un tribunal general, por lo que continúa expuesto a que lo condenen a muerte si es declarado culpable, a pesar de tener 17 años de edad.

Arabia Saudí es Estado Parte en la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe la ejecución de personas menores de 18 años en el momento del delito. Sin embargo, las autoridades saudíes han ejecutado a personas en tales condiciones.

En noviembre de 2008, el Tribunal de Casación confirmó las condenas de muerte de Mohamed Kohail y Mehanna Sa’d y las remitió al Consejo Judicial Supremo para su aprobación, pero esté devolvió la causa al tribunal de primera instancia, el Tribunal General de Yidda, para que la revisará. Este tribunal ha confirmado otra vez las condenas y las ha remitido de nuevo al Consejo Judicial Supremo para su aprobación.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

En 2007 las autoridades ejecutaron al menos a 158 personas, 76 de las cuales eran ciudadanos extranjeros, y en 2008, al menos a 102, entre ellas casi 40 extranjeros. Se sabe que desde comienzos de 2009 han sido ejecutadas ya 24 personas más.

En Arabia Saudí se aplica la pena de muerte por una amplia variedad de delitos. Los procedimientos judiciales incumplen invariablemente las normas internacionales sobre juicios justos. Raras veces se permite a los acusados contar formalmente con asistencia letrada, y en muchos casos no son informados de la marcha de los procedimientos judiciales. Los condenados a muerte pueden no ser informados del momento de la ejecución hasta la mañana misma en que se los saca de la celda para decapitarlos. Pueden ser declarados culpables sin más pruebas que confesiones obtenidas con coacción o engaño.

En un reciente informe sobre la pena de muerte en Arabia Saudí, Amnistía Internacional pone de relieve el amplio uso que se hace de ella y el número desproporcionadamente alto de ejecuciones de extranjeros procedentes de países en desarrollo que se llevan a cabo. Para más información, véase Saudi Arabia: Affront to Justice: Death Penalty in Saudi Arabia (Índice AI: MDE 23/027/2008), publicado el 14 de octubre de 2008: http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/saudi-arabia-executions-target-foreign-nationals-20081014

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en inglés, en árabe o en su propio idioma:

– instando al rey saudí a que, como presidente del Consejo Judicial Supremo, no ratifique las condenas de muerte de Mohamed Kohail y Mehanna Sa’d y se las conmute;

– recordando a las autoridades que están obligadas a cumplir las normas internacionales sobre juicios justos en las causas por delitos penados con la muerte, en particular las Salvaguardias de la ONU para garantizar la protección de los derechos de los condenados a la pena de muerte, que garantizan la debida oportunidad de defensa y apelación y prohíben la imposición de la pena de muerte si cabe interpretar las pruebas de otra manera;

– señalando que la ejecución de personas menores de edad en el momento del delito está expresamente prohibida por la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que Arabia Saudí es Estado Parte;

– expresando preocupación por la posibilidad de que Sultan Kohail, de 17 años, pueda todavía ser condenado a muerte y pidiendo a las autoridades que garanticen que no será así, ya que Arabia Saudí es Estado Parte en la Convención sobre los Derechos del Niño.

LLAMAMIENTOS A:
Rey de Arabia Saudí

His Majesty King Abdullah Bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Saud

The Custodian of the two Holy Mosques

Office of His Majesty the King

Royal Court, Riyadh, Arabia Saudí

Fax: (vía el Ministerio del Interior) +966 1 403 1185 (insistan)

Tratamiento: Your Majesty / Majestad

Ministro del Interior

His Royal Highness Prince Naif bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Saud

Minister of the Interior

Ministry of the Interior

P.O. Box 2933

Airport Road, Riyadh 11134

Arabia Saudí

Fax: + 966 1 403 1185 (insistan)

Tratamiento: Your Royal Highness / Señor Ministro
Ministro de Asuntos Exteriores

His Royal Highness Prince Saud al-Faisal bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Saud

Minister of Foreign Affairs

Ministry of Foreign Affairs

Nasseriya Street

Riyadh 11124

Arabia Saudí

Fax: + 966 1 403 0645

Tratamiento: Your Royal Highness / Señor Ministro

COPIAS A:

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos

Mr Bandar Mohammed Abdullah Al Aiban

President

Human Rights Commission

P.O. Box 58889, King Fahad Road, Building No. 373

Riyadh 11515, Arabia Saudí

Fax: +966 1 4612061

y a la representación diplomática de Arabia Saudí acreditada en su país.

EMBAJADA DEL REINO DE ARABIA SAUDÍ

S.A.R. Príncipe Saud Bin NAIF bin ABDULAZIZ AL-SAUD

Doctor Alvarez Sierra, 3 28033 – MADRID

Fax: 91 302 11 45

E-mail: info@arabiasaudi.org

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 20 de mayo.Los datos personales que nos facilitaste constan en un fichero automatizado y confidencial de Amnistía Internacional. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, por favor, envía un mensaje a datos@es.amnesty.org

Si recibe contestación de una autoridad, envíenos el original o una copia, por favor, lo antes posible (ref.: «Equipo AAUU – Respuesta»). Sólo es necesario que indique en el reverso de la misma el número que tiene la Acción Urgente a la que le han contestado (por ejemplo «AU 25/99» o bien «EXTRA 84/99»). No es necesario que nos envíe copia de su propia carta. Si no desea que le enviemos un acuse de recibo, indíquenoslo también en el dorso con las palabras «No acuse». Gracias por su colaboración.

Público – Índice AI: MDE 23/007/2009 – 6 de abril de 2009

Más información (actualización núm. 1) sobre AU 80/09 (MDE 23/006/2009, de 20 de marzo de 2009) Detención en régimen de incomunicación / Temor de tortura u otros malos tratos / Posibles presos de conciencia

ARABIA SAUDÍ Muhammad ‘Arif Muhammad al-Dahim (h) ]

‘Abdullah Muhammad al-Khalaf (h) ]

Mustafa Muhammad al-Fardan (h) ] de entre 14 y 16 años

Nouh ‘Ali Salih ‘Abdul Jabbar (h), de 28 años

Makki Al-‘Abbas (h), de alrededor de 40 años

En libertad: Muhammad ‘Ali Muhammad al-Sfawani (h) ]

Hassan Muhammad al-Sadiq (h) ] de entre 14 y 16 años

Qassim Muhammad al-Mawsi (h) ]

Tres de estas ocho personas, los adolescentes de entre 14 y 16 años Muhammad ‘Ali Muhammad al-Sfawani, Hassan Muhammad al-Sadiq y Qassim Muhammad al-Mawsi, quedaron en libertad sin cargos alrededor del 24 de marzo. Las otras cinco se encuentran todavía recluidas en régimen de incomunicación y están expuestas a sufrir tortura u otros malos tratos.

Las ocho, todas ellas miembros de la comunidad chií de la Provincia Oriental de Arabia Saudí, fueron detenidas tras unas manifestaciones celebradas en la zona en protesta por la detención de chiíes que habían ido a visitar la tumba del profeta Mahoma a la ciudad de Medina, en el oeste del país, en febrero. Si se encuentran recluidas simplemente por haber participado en una manifestación pacífica, Amnistía Internacional las considerará presos de conciencia.

Los seis menores, todos ellos de entre 14 y 16 años, fueron detenidos entre el 4 y el 8 de marzo. Quedaron recluidos en un centro de menores de Al Jober, en la Provincia Oriental. Muhammad ‘Arif Muhammad al-Dahim, ‘Abdullah Muhammad al-Khalaf y Mustafa Muhammad al-Fardan se encuentran todavía allí y se cree que se les han negado las visitas de sus familias, lo que, de ser cierto, constituye una violación de su derecho a estar en contacto con ellas, que está garantizado por el derecho internacional, en concreto por el artículo 37.c de la Convención sobre los Derechos del Niño, en la que Arabia Saudí es Estado Parte, y por las normas internacionales de derechos humanos, en particular por la regla 26 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores. Se ignora todavía el paradero de los dos adultos detenidos, Nouh ‘Ali Salih ‘Abdul Jabbar y Makki Al-‘Abbas.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

La gran mayoría de los saudíes son musulmanes sunníes, y el credo oficial del Estado es la doctrina wahhabí del islam. El Estado considera el islam chií incompatible con el wahhabí e impone restricciones a su práctica.

Las autoridades saudíes suelen recluir a los detenidos en régimen de incomunicación, cuando a menudo son torturados y sometidos a otros malos tratos. En Arabia Saudí no están permitidas las manifestaciones. Quienes desafían esta prohibición suelen ser recluidos en régimen de incomunicación, sin cargos, sin acceso a un tribunal ante el que impugnar la legalidad de su detención y con riesgo de ser torturados.

En febrero, unos miembros del Comité para la Prevención del Vicio y la Promoción de la Virtud, conocido también como Mutawa’een o policía religiosa, grabaron en vídeo a mujeres chiíes que habían ido a visitar la tumba del profeta Mahoma a Medina, causando la ira de un grupo más numeroso de hombres y mujeres chiíes que visitaban también el lugar y que fueron entonces a manifestarse ante las oficinas del Comité en Medina para exigir que se les entregara la grabación. La situación degeneró en una serie de enfrentamientos, al agredir miembros del Comité a los manifestantes. Algunos de éstos sufrieron lesiones, y al menos nueve fueron detenidos, si bien quedaron en libertad alrededor de una semana después. Según el ministro del Interior saudí, príncipe Naif bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Saud, también fueron detenidas algunas personas de la comunidad sunní.

El 14 de marzo, en información sobre las detenciones practicadas por el incidente, se comunicó que el ministro del Interior había dicho: «Los ciudadanos tienen derechos y deberes; sus actividades no deben contradecir la doctrina de la Umma. Es la doctrina de los sunníes y de nuestros rectos antepasados. Hay ciudadanos que siguen otras escuelas de pensamiento, y los que son inteligentes deben respetar esta doctrina».

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en inglés, en árabe o en su propio idioma:

– acogiendo con satisfacción que Muhammad ‘Ali Muhammad al-Sfawani, Hassan Muhammad al-Sadiq y Qassim Muhammad al-Mawsi hayan sido puestos en libertad;

– expresando preocupación por el hecho de que Muhammad ‘Arif Muhammad al-Dahim, ‘Abdullah Muhammad al-Khalaf, Mustafa Muhammad al-Fardan, Nouh ‘Ali Salih ‘Abdul Jabbar y Makki Al-‘Abbas se encuentren recluidos en régimen de incomunicación y estén expuestos, por tanto, a sufrir tortura u otros malos tratos;

– instando a las autoridades a que garanticen que están protegidos contra la tortura y otros malos tratos;

– pidiendo a las autoridades que garanticen que, conforme al derecho y las normas internacionales, tienen acceso periódico a sus familias y a abogados, así como a los servicios médicos que puedan necesitar;

– pidiéndoles que los dejen en libertad de inmediato y sin condiciones si se encuentran recluidos únicamente por haber participado en manifestaciones pacíficas.

LLAMAMIENTOS A:

Rey de Arabia Saudí

His Majesty King ‘Abdullah Bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Saud

The Custodian of the two Holy Mosques

Office of His Majesty the King

Royal Court

Riyadh, Arabia Saudí

Fax: (vía el Ministerio del Interior) +966 1 403 1185 (insistan)

Tratamiento: Your Majesty / Majestad

Ministro del Interior

His Royal Highness Prince Naif bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Saud

Minister of the Interior

Ministry of the Interior

P.O. Box 2933, Airport Road

Riyadh 11134, Arabia Saudí

Fax: +966 1 403 1185 (insistan)

Tratamiento: Your Royal Highness / Señor Ministro

COPIAS A:

Presidente de la Comisión de Derechos Humanos

Mr Bandar Mohammed Abdullah Al Aiban

President

Human Rights Commission

P.O. Box 58889, King Fahad Road, Building No. 373

Riyadh 11515, Arabia Saudí

Fax: +966 1 4612061

y a la representación diplomática de Arabia Saudí acreditada en su país:

(EMBAJADA DEL REINO DE ARABIA SAUDÍ)

S.A.R. Príncipe Saud Bin NAIF bin ABDULAZIZ AL-SAUD

Doctor Alvarez Sierra, 3 28033 – MADRID

Fax: 91 302 11 45

E-mail: info@arabiasaudi.org

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 18 de mayo de 2009.

Los datos personales que nos facilitaste constan en un fichero automatizado y confidencial de Amnistía Internacional. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación, por favor, envía un mensaje a datos@es.amnesty.org

Si recibe contestación de una autoridad, envíenos el original o una copia, por favor, lo antes posible (ref.: «Equipo AAUU – Respuesta»). Sólo es necesario que indique en el reverso de la misma el número que tiene la Acción Urgente a la que le han contestado (por ejemplo «AU 25/99» o bien «EXTRA 84/99»). No es necesario que nos envíe copia de su propia carta. Si no desea que le enviemos un acuse de recibo, indíquenoslo también en el dorso con las palabras «No acuse». Gracias por su colaboración.