En relación con todo el embrollo que está suponiendo la investigación del juez Garzón de las desapariciones forzadas durante la dictadura de Franco y los obstáculos que este juez está recibiendo desde el mundo judicial y político amparándose en la ley de amnistía de 1977, Amnistía Internacional ha elaborado un documento muy interesante donde aporta claridad y datos objetivos frente a las distorsiones a las que la sociedad española está siendo sometida debido a la falta de información y confusión que las autoridades encargadas de aplicar la legalidad en base a los principios de justicia y equidad están sembrando.

Aquellas personas que fueron detenidos ilegalmente sin que hasta la fecha se haya esclarecido la suerte que corrieron y el paradero de sus restos, no han sido olvidados por sus familias, ni por la comunidad internacional, ni pueden ser olvidados tampoco por nosotros.

Si nuestro país ha reconocido la universalidad de los derechos de las víctimas y rechazado los mecanismos de impunidad que impedían la realización de sus derechos, hoy debe actuar con coherencia respecto de aquellas personas sometidas a una prolongada injusticia dentro de nuestras fronteras, y en virtud del derecho internacional investigar toda denuncia de violación de derechos humanos para identificar, juzgar y sancionar a los responsables de tales violaciones así como garantizar reparación a las víctimas o sus familiares, de no hacerlo estaríamos hablando de impunidad y denegación de los derechos de las víctimas a obtener la tutela efectiva de los tribunales de justicia. Se trata de una obligación jurídica y no de intereses particulares.

Además, los crímenes contra la humanidad y las desapariciones forzadas por detenciones ilegales no prescriben nunca. Es hora de ser coherentes y hacer justicia.