Por muy poco que hayas visto las noticias habrás oído hablar, debatir, desinformar y despotricar (sobre todo eso) de la llamada Ley de Memoria Histórica, cuyo fin inicial era compensar a los represaliados por el franquismo «saldando» la deuda con las víctimas antes de que hayan muerto.

Ahora el Gobierno tiene claro que la elaboración de la ley para la recuperación de la memoria histórica es un tema extremadamente delicado y complejo, que puede causarle nuevos problemas. Su intención es incluir a víctimas de los dos bandos de la Guerra Civil, no se si para evitar levantar ampollas en la derecha o por criterios de justicia, aunque más bien pienso que es por lo primero. Aunque a mí personalmente me parece bien que se incluya a cualquier víctima de la opresión e injusticia sea del bando que sea (teniendo muy claro a qué bando pertenecen la gran mayoría de las víctimas).

Las principales reivindicaciones hechas por más de 30 asociaciones al Gobierno son (información sacada de El Mundo):

Juicios sumarísimos

Es una de las reivindicaciones más polémicas. La intención de los grupos movilizados en favor de la recuperación de la memoria histórica es que se anulen a todos los efectos los juicios sumarísimos que fueron dictados en la época de la dictadura. El tema es complejo porque una revisión judicial de este tipo puede suscitar problemas legales.

Símbolos franquistas

En España siguen existiendo en muchas ciudades estatuas, bustos y monumentos dedicados al franquismo. También existen nombres de calles y plazas que hacen referencia a la dictadura. Las asociaciones exigen que se retiren las primeras y se cambien los nombres de las segundas. El problema de esta propuesta es que en muchos casos son los propios municipios quienes tienen la competencia para decidir sobre este asunto.

Fosas comunes

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que en sus cinco años de actividades ha recuperado de las cunetas de España más de 500 cadáveres de republicanos asesinados, cifra en unos 30.000 las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura. Las familias de los republicanos inhumados en fosas anónimas reclaman un entierro digno a sus antepasados.

Compensaciones

Elevar la cuantía de las pensiones a los represaliados o aplicar beneficios fiscales para que no se cobre el IRPF sobre ellas son el centro de las compensaciones económicas exigidas por las asociaciones. También solicitan la devolución de todo el patrimonio expoliado durante la guerra a partidos y agrupaciones, la creación de una Comisión de la Verdad y archivos accesibles a los familiares para establecer una compensación moral a las víctimas.

Valle de los Caídos

Quizá sea el reclamo más simbólico para las víctimas por lo emblemático del lugar. La petición es sacar las tumbas de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos para crear allí un centro de interpretación de la represión franquista y la instalación de una exposición permanente en homenaje a los reclusos políticos que levantaron este lugar con sus manos y donde muchos perdieron la vida.

Los que están en contra de la elaboración de esta ley aducen que es una equivocación hurgar en las heridas ya pasadas, que es una traición al espíritu de la Transición, que se reavivan los enfrentamientos entre los españoles y que se alimenta el rencor.

Personalmente pienso que después de casi 70 años de la finalización de la guerra civil y de los resultados de las encuestas del CIS ante este tema es como mínimo exagerado hacer estas afirmaciones, pero aunque no lo fuera, ¿qué pasa con el DERECHO A LA JUSTICIA? ¿no debe ser un criterio (el principal) a tener en cuenta? ¿porqué los detractores lo obvian?.
El resultado es que el Proyecto de Ley presentado contenta a muy pocos, ni a los que estaban en contra de la ley por las razones ya expuestas ni a la mayor parte de las asociaciones que estaban a favor por considerar que se queda demasiado corto, Amnistía Internacional incluso habla de una ley de punto final en su informe, del que destaca del Proyecto de Ley presentado:

• Obvia completamente los derechos humanos y el derecho internacional.
• El Estado español no asume ninguna responsabilidad por los crímenes atroces que se cometieron durante la Guerra Civil y el régimen franquista.
• Tampoco se han tomado medidas hasta el momento para anular las condenas a muerte impuestas tras juicios injustos.
• No se ha abordado la cuestión de las personas «desaparecidas» -los restos de miles de ellas siguen enterrados en lugares sin identificar- en el contexto judicial en el que debería enmarcarse esta cuestión.

Rafael del Castillo