Durante el 2009, el Gobierno español presentará en el Parlamento la reforma de los principales mecanismos públicos generadores de deuda externa de los países del Sur con el Estado español. Se trata de los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) y de la cobertura de riesgo empresarial, a través de la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación (CESCE).
Los créditos FAD, hoy importante herramienta para la “Ayuda Oficial al Desarrollo” española, fueron creados en 1976 con el supuesto doble objetivo de canalizar parte de la ayuda para el desarrollo de los países empobrecidos y a la vez promover las exportaciones de empresas españolas, puesto que su concesión va ligada a la compra de bienes y servicios españoles. En la práctica vienen siendo cuestionados por responder a intereses comerciales de transnacionales españolas con graves consecuencias sobre los derechos y el desarrollo socioeconómico de las poblaciones del Sur .
Por otro lado, CESCE fue fundada en 1970 y constituye el instrumento financiero más importante utilizado por el Estado para la internacionalización de las empresas españolas. CESCE emite seguros por cuenta del Estado para cubrir los riesgos políticos y comerciales de las actividades de empresas españolas en el exterior. La forma de operar es la siguiente: un empresario español negocia con un banco que otorgue un préstamo a una empresa de un país del sur para la contratación de sus servicios o productos. CESCE asegura dicho préstamo de forma que, en caso de impago, el banco cobrará directamente a CESCE y será CESCE quien deberá conseguir el dinero del deudor (empresa contratante del Sur). CESCE y el banco imponen unas cláusulas de garantía soberana, mediante las cuales el Estado del país empobrecido asume la deuda en caso de que la empresa de su país no pueda pagar. De esta manera, se produce la conversión de deuda privada en deuda pública entre el país empobrecido y el Estado Español (CESCE).
Por las informaciones que nos llegan, todo parece indicar que el proyecto de ley de reforma de dichos instrumentos que el Gobierno prepara no sólo mantiene la orientación de dichos instrumentos, sino que supondrá un nuevo impulso a las ayudas y asesoramiento a las empresas españolas en sus proyectos de internacionalización. En términos generales, se propone la creación del Fondo de Internacionalización de la Empresa – FIEM (como división del actual FAD) que se uniría a los instrumentos actuales de financiación pública de apoyo a la internacionalización de las empresas españolas (FIEX y Fonpyme, gestionados por la financiera pública COFIDES). A ello se unirá la reestructuración del CESCE y la reforma del CARI (Contrato de ajuste recíproco de intereses).3 Por otro lado, el FAD se subdividirá en el Fondo de Promoción al Desarrollo – FONPRODE, mediante el cual se pagarían contribuciones y cuotas a agencias y organismos no financieros de Naciones Unidas.
Así que, durante más de 30 años, ambos mecanismos vienen siendo denunciados por organizaciones de cooperación y derechos humanos por generar deuda externa ilegal e ilegítima, por canalizar fondos públicos –de los contribuyentes españoles- en función de intereses privados de transnacionales españolas y por ser uno de los principales instrumentos de dominación política y económica de los países del Sur:
Generación deuda ilegal e ilegítima: ambos mecanismos adolecen de falta de transparencia, control democrático (participación parlamentaria y ciudadana) así como de mecanismos públicos de evaluación, seguimiento y denuncia independiente. Ello ha permitido que se genere deuda externa a partir de contratos que fueron establecidos con estados dictatoriales y/o corruptos, de contratos que han financiado proyectos que no respetan los derechos humanos en su mayor parte denunciados por responder exclusivamente a intereses privados tanto de los países del Norte como del Sur. En lugar de priorizar el gasto social, los países del Sur se ven obligados a destinar sus recursos al pago de intereses de una deuda ilegal e ilegítima, empobreciendo continuamente a la población. Por ejemplo, desde el año 1988 Indonesia recibió, durante una de las dictaduras militares más sanguinarias de Asia, múltiples créditos con cargo a los FAD españoles. Uno de ellos fue adjudicado en 1992 a un contrato para la creación de una red de comunicaciones, realizada por la empresa española DEFEX S.A. que el ejército y la policía indonesia utilizó como instrumento de represión.1 La reciente auditoría oficial de la deuda ecuatoriana aport$_REQUEST[’info_fad’]a evidencias de ilegalidad, ilegitimidad y malas prácticas de los créditos contraídos con el Estado Español (95% de la cual corresponde a créditos FAD ligados a la compra de bienes y servicios españoles)
Responden a intereses privados de transnacionales españolas con impactos negativos en las poblaciones del Sur: dichos instrumentos están orientados a la internacionalización de las empresas españolas cuyas operaciones han sido denunciadas por violar los derechos económicos, sociales y ambientales de las poblaciones del Sur. Con operaciones CESCE se han apoyado desde los intereses de las empresas armamentísticas españolas hasta proyectos altamente cuestionados por sus graves impactos socio-ambientales. Entre los casos más conocidos se ubican los 2 proyectos de ENCE de instalación de plantas papeleras en Uruguay. El primero fue detenido en 2006 tras el conflicto de escala internacional que se generó entre Argentina y Uruguay y la presión popular. El segundo, que CESCE contempla apoyar, y que tendría una dimensión y capacidad dos veces más importante que el anterior, es objeto, actualmente del rechazo masivo por parte de varias organizaciones locales. Por tanto, dichos instrumentos refuerzan con apoyo público una acción exterior en favor de intereses privados en lugar de promover el cumplimiento de los derechos humanos conforme a los compromisos internacionales que el Estado español tiene suscritos.
Dominación política y económica: dichos instrumentos se convierten en una herramienta geopolítica y geoestratégicamente clave en las relaciones económicas entre los países implicados, ya que su generación permite “intervenir” las economías “endeudadas” en beneficio de los gobiernos y empresas multinacionales de los estados “acreedores”. Para hacer frente al pago de la deuda y seguir recibiendo ayuda en forma de nuevos créditos, se imponen políticas de liberalización de los mercados que están provocando el saqueo de los recursos naturales en favor de los intereses europeos, así como el desarrollo de políticas de control de la migración o ¨lucha antiterrorista¨.
Desde la Campaña ¿Quién debe a quién? consideramos que lo que se está planteando es una contrarreforma que profundizará el endeudamiento de los países empobrecidos y la violación de los derechos humanos, para la satisfacción de intereses privados comerciales españoles. Por ello nos oponemos a que con recursos públicos -de los contribuyentes españoles- se aprueben reformas cosméticas que, bajo la retórica de apoyar el ¨desarrollo¨ en el Sur y los ¨intereses españoles¨ sigan beneficiando los intereses privados de empresas y perpetuando el endeudamiento, el saqueo de recursos y la pobreza de los países del Sur.
Debemos sumar esfuerzos en esta lucha contra estas dos reformas que están por venir.
Si desde vuestras organizaciones venís denunciando la falta de transparencia y participación democrática de nuestro gobierno; la orientación de la política exterior española en favor de intereses de multinacionales españolas en lugar de los derechos humanos y la paz; los impactos socio-ambientales de las multinacionales españolas; así como los procesos de desregulación de los mercados y deslocalización de las empresas para maximizar sus beneficios a costa de los derechos humanos, laborales y ambientales, desde ¿Quién debe a quién? os pedimos vuestra adhesión a las demandas incorporadas en este documento.
Hoy, 12 de junio, se celebra el Día mundial contra el trabajo infantil y el término trabajo infantil se define como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico, por lo que muchos preferimos llamarle explotación infantil). Hoy hace diez años de la adopción del simbólico Convenio núm. 182 de la OIT que responde a la necesidad de erradicar las peores formas de trabajo infantil.
