Derechos Humanos

de

Seguimiento de Accion Urgente sobre PENA DE MUERTE en ESTADOS UNIDOS

Esta es la primera actualización de AU 200/09. Más información en: http://www.amnesty.org/es/library/info/AMR51/086/2009/es

Más información sobre AU 200/09 Índice: AMR 51/092/2009 Fecha de emisión: 19 de agosto de 2009

EJECUCIÓN EN OHIO

Jason Getsy fue ejecutado en Ohio el 18 de agosto.

Jason Getsy había sido condenado a muerte por el asesinato de Ann Serafino, cometido en 1995. El gobernador de Ohio, Ted Strickland, había rechazado la recomendación de indulto de la Junta de Libertad Condicional del estado. En una declaración, el gobernador Strickland manifestó: “Aunque mi decisión es contraria a la recomendación de la mayoría de los miembros de la Junta de Libertad Condicional, aprecio y respeto su meditado estudio y consideración de este difícil caso”.

Cuatro jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos estaban a favor de dictar una suspensión de la ejecución, uno menos de lo necesario para ser mayoría. Se trata de los jueces John Paul Stevens, Ruth Ginsburg, Stephen Breyer y Sonia Sotomayor. Esta era la primera votación de la juez Sotomayor en un caso de pena de muerte, tras haber sido designada como candidata a la Corte Suprema por el presidente Barack Obama en mayo de 2009 y haber ocupado su puesto en la Corte el 8 de agosto.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

En lo que va de año se han llevado a cabo en Estados Unidos 36 ejecuciones, 4 de ellas en Ohio. Desde que Estados Unidos reanudó los homicidios judiciales en 1977, ha habido 1.172 ejecuciones en todo el país. De ellas, 32 han tenido lugar en Ohio.

de

Manifiesto contra la impunidad. Por la Justicia Universal

Desde Rincón Solidario nos sumamos al manifiesto presentado por: ACSUR-Las Segovias, Asociación Argentina Pro Derechos Humanos-Madrid, Asociación Libre de Abogados, Asociación de Mujeres Saharauis, Asociación Paz Ahora, Asociación Pro Derechos Humanos de España, Asociación Salvador Allende-España, Amnistía Internacional, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), CEAS-Sáhara, CCOO, Paz con Dignidad, Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Federación Internacional de Derechos Humanos, IEPALA, Izquierda Unida, Movimiento por la Paz (MPDL), Plataforma 2015 y más, Plataforma Palestina, Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, Unión General de Trabajadores, Unión Sindical Obrera, Womens Link Wordwide.

Las organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, grupos de solidaridad, ONG de desarrollo, asociaciones de profesionales y las personas de bien del mundo entero, que valoran la causa de la paz, la justicia, la lucha contra la impunidad y el respeto irrestricto a la dignidad, derechos de las víctimas y los derechos humanos cuya defensa nos une más allá de ideologías y planteamientos políticos

Manifestamos que el día 19 de mayo de 2009, el Congreso de los diputados acordó, con el apoyo de los grupos mayoritarios, modificar el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que consagra el principio de jurisdicción universal, desvirtuando totalmente su contenido y alcance. Esta trascendental decisión limita al juez a conocer únicamente causas que tienen una “conexión nacional”, y establece un criterio de admisibilidad que ni siquiera permite valorar cuándo un proceso judicial constituye una efectiva persecución de un crimen. Dicho acuerdo se tomó de tapadillo, aprovechando el trámite de Enmiendas al Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Oficina Judicial, lo que ha sustraído esta reforma al necesario debate informado que la cuestión exige.

Con la citada modificación España entraría en la lista de los países más restrictivos para el ejercicio de la jurisdicción universal. De este modo, podrá perseguirse a los presuntos delincuentes si estos se encontraran presentes en España, si las víctimas fueran españolas, si concurriera algún vínculo de conexión relevante con España (aún no expresado en la ley) y siempre que un tribunal internacional u otro “tribunal competente” no haya abierto una investigación sobre el asunto.

Con esta decisión no se ha tenido en cuenta: que la jurisdicción universal se basa en la idea de que determinados crímenes son tan perjudiciales y atroces para la comunidad internacional (crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, tortura, desaparición forzada, entre otros) que los Estados están autorizados, e incluso obligados, a investigar y juzgar a los presuntos perpetradores, con independencia del lugar donde se haya cometido el crimen o la nacionalidad del autor o de la víctima, o aún cuando el delito o crimen no haya afectado en absoluto los intereses de dicho Estado.

Que la jurisdicción universal es un instrumento de lucha contra la impunidad, es decir, un medio para lograr la rendición de cuentas e impedir que queden impunes los responsables de crímenes de derecho internacional. Refleja la obligación de los Estados consagrada en los Tratados Internacionales de derechos humanos de juzgar o entregar (extraditar) a dichos responsables.

Que, lamentablemente, la mayoría de países en los que se cometen estos crímenes, no pueden o no quieren, investigar y enjuiciar las violaciones graves de derechos humanos constitutivas de crímenes de derecho internacional. Por consiguiente, la aplicación de la jurisdicción universal es un elemento fundamental de la justicia para la Comunidad Internacional.

Que el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al habilitar la jurisdicción universal, facilita la observancia por España de los Tratados Internacionales de protección de los derechos humanos que, como miembro de la comunidad internacional, ha suscrito y se ha obligado a respetar y hacer cumplir.

Que la Constitución española, en el Artículo 96.1 consagra que los Tratados Internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. En consonancia, la doctrina del Tribunal Constitucional, desde 2005 (Caso Guatemala) viene estableciendo que el alcance de la jurisdicción universal es absoluto y prima sobre la existencia o no de intereses nacionales, y además, que la restricción basada en la nacionalidad de las víctimas incorpora un requisito añadido no contemplado en la ley, en contradicción con la naturaleza de estos delitos y la aspiración compartida de su persecución universal. Que, asimismo, en la sentencia de la causa Scilingo la Audiencia Nacional reconoce respecto de algunos crímenes internacionales el carácter de derecho obligatorio y oponible a todos (ius cogens y erga omnes).

Que la jurisdicción universal representa el último recurso para las víctimas de crímenes de derecho internacional que buscan obtener verdad, justicia y reparación, incluidas las garantías de no repetición de estos hechos. A raíz de los procedimientos abiertos en España y las resoluciones judiciales resultantes, se ha venido dando satisfacción a los legítimos derechos de las víctimas y cumpliendo con la obligación internacional de investigar y sancionar a los perpetradores de crímenes de derecho internacional. Asimismo se ha impulsado la apertura de procesos en los países donde se cometieron los crímenes, lográndose sentencias en otros tribunales del mundo, contribuyendo así a remover conciencias y a resquebrajar la impunidad de la que gozan hoy día la mayor parte de los responsables de dichos crímenes.

Que la impunidad ante crímenes atroces no sólo denigra a quienes los cometen, sino que corroe las instituciones de las sociedades que los cobijan, constituyendo elementos que desestabilizan las democracias.

Por todo lo anterior, decimos: que la defensa de los derechos humanos es una obligación absoluta de los Estados y no puede someterse a intereses nacionales y presiones económicas o políticas sin comprometer la responsabilidad internacional de los Estados.

Que los grupos parlamentarios que han votado a favor de la reforma han abusado del poder y de la confianza que en ellos se ha depositado al sustraer su discusión a la opinión pública y de un debate objetivo en los medios masivos de comunicación.

Que contra la creencia generalizada y falaz de que la aplicación de la jurisdicción universal puede convertir a España en el “gendarme del mundo” es importante destacar que hay otros tribunales nacionales (Dinamarca, Holanda, Alemania) que también ejercen la jurisdicción universal. Los fundamentos jurídicos que han emanado de las resoluciones judiciales españolas en esta materia han contribuido de manera determinante a avanzar el derecho penal internacional.

Que las situaciones inadmisibles, que repugnan a la conciencia común de la Humanidad, de ninguna manera pueden considerarse injerencias en la soberanía de los Estados, sino que es la propia Comunidad Internacional la que, actuando a través de los tribunales nacionales, ejerce la investigación de los crímenes y el enjuiciamiento de los responsables.

Por todo ello: deploramos esta decisión, que se hace a espaldas de la ciudadanía y del sentir mayoritario de la sociedad.

Deploramos que en vez de consolidar un horizonte de justicia efectiva para las graves violaciones de los Derechos Humanos, los parlamentarios trabajen por ampliar los resquicios de la impunidad y, en consecuencia, repudiamos los votos que los grupos parlamentarios han dado a esta medida.

Deploramos este retroceso en la justicia universal que debilita la búsqueda y consolidación de medios destinados a poner fin a la impunidad en la comisión de violaciones graves de los derechos humanos.

Solicitamos, por tanto, al Senado español que tome en consideración y asuma las opiniones de los abajo firmantes, vote en conciencia y rechace la decisión aprobada por el Congreso de los Diputados.

Instamos al Parlamento español a que vele por la conformidad de las leyes nacionales con el derecho internacional y a que se avance en la aplicación del principio de jurisdicción universal. Exigimos que se detenga esta reforma que niega el legítimo derecho de las víctimas a acceder a mecanismos efectivos de procesamiento y reparación por las graves violaciones de los derechos humanos.

Para sumarte al manifiesto envía un correo electrónico a esta dirección.

Visto en otromundoesposible y ENFOCA-ENFOCATE.

de

Una batalla ganada para la INJUSTICIA

El pasado 25 de Junio el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado con mayoría absoluta (aunque con el voto en contra de IU-ICV y ERC) una limitación de las competencias de España en la persecución de delitos internacionales. Hasta ahora la Audiencia Nacional tenía abiertas causas por presuntos genocidios en Tíbet, China, Guatemala, Ruanda, etc… Ahora la nueva normativa sólo perseguirá delitos ocurridos fuera del Estado cuando haya españoles afectados en el caso.

Ya no podremos presumir de que nuestro país es referente en materia de justicia universal y sucesos como la detención de Pinochet puede que no vuelvan a producirse. Parece que España se preocupa más por no ofender a algunos gobiernos poderosos que por poner fin a la impunidad de la que gozan los criminales aunque para ello haya que limitar los derechos humanos en España sólo para los que tengan pasaporte español.

Tampoco podrá presumir el señor Zapatero y el PSOE del discurso ético que los sitúan del lado de las víctimas, de los indefensos y de los agredidos, porque por motivos prácticos se han alejado de ellos y han contentado a dictadores, genocidas y políticos que tienen a la impunidad como bandera.

Es un día triste para la Justicia porque siendo universal se le están poniendo fronteras, porque los dictadores y genocidas vivirán mucho más tranquilos y porque dando la espalda a las víctimas que no tengan DNI español estamos haciendo que la injusticia gane terreno.

Más información:

de

Acción Urgente sobre IRÁN: 2º CASO DE DETENCIÓN ARBITRARIA Y TEMOR DE TORTURA

Público Índice AI: MDE 13/063/2009

26 de junio de 2009

AU 172/09 Detención arbitraria / Temor de tortura

IRÁN Esma’il Alavi

Mohammad Reza Junaydi

Bahram Mohammadi Far

una persona identificada sólo como Karimoddini

una persona identificada sólo como Hossein Qorreh

una persona identificada sólo como Taqipour

una persona identificada sólo como Darabi

y al menos 13 empleados más del periódico Kalameh Sabz

Según ha manifestado Alireza Beheshti, director de Kalameh Sabz, en una entrevista con el servicio en persa de Deutsche Welle, al menos 25 empleados del periódico, incluidos los mencionados aquí, fueron detenidos en sus oficinas de la plaza de Haft Tir de la capital, Teherán, el 22 de junio. Kalameh Sabz fue fundado por el candidato presidencial Mir Hossein Musaví en 2009, pero no se publica desde el 14 de junio. Alrededor de cinco mujeres incluidas entre los 25 empleados detenidos fueron puestas en libertad poco después. Se ignora el paradero de los que continúan detenidos, y se teme que sufran tortura u otros malos tratos. Amnistía Internacional cree que todos los miembros del personal de Kalameh Sabz detenidos son presos de conciencia, recluidos únicamente por la expresión pacífica de sus opiniones en relación, entre otras cosas, con el resultado de las elecciones.

Según información publicada el 23 de junio por la agencia de noticias Fars, la policía asaltó el 22 de junio un edificio de la plaza de Haft Tir y detuvo a varias personas, aunque la agencia no mencionó a Kalameh Sabz por su nombre. Según la información, se habían desarrollado allí «actividades» en favor de uno de los candidatos presidenciales, como «organizar reuniones ilegales, animar a la gente a alterar el orden [y] atentar contra la seguridad del país». La agencia dijo que se habían encontrado en ese edificio datos que documentaban «relaciones ilegales con medios de comunicación de los enemigos e injerencia de extranjeros».

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Desde que se anunció, el 13 de junio, que el presidente Ahmadineyad había ganado las elecciones presidenciales, resultado que centenares de miles de iraníes cuestionan, las autoridades de Irán han impuesto draconianas restricciones a la libertad de expresión. Se ha bloqueado o interrumpido considerablemente el acceso a Internet. Se han prohibido publicaciones iraníes por ofrecer información sobre los disturbios. Se ha prohibido salir a la calle a reporteros extranjeros, y en algunos casos se los ha expulsado del país.

Según informes, se ha detenido a decenas de personas en todo el país, incluidas destacadas figuras políticas afines a Mir Hossein Musaví; al otro candidato presidencial, Mehdi Karroubi, o al ex presidente Jatami, que apoyó la campaña de Mir Hossein Musaví. También se han practicado detenciones de defensores de los derechos humanos y periodistas que son miembros de partidos políticos o que hicieron campaña en favor de los candidatos presidenciales. El 24 de junio, 70 profesores universitarios que se habían reunido ese día con Mir Hossein Musaví fueron detenidos al salir de la oficina de éste. Excepto cuatro, todos fueron puestos en libertad poco después. Entre los que continúan detenidos se encuentra el Dr. Ghorban Behzadian, director de la campaña electoral de Mir Hossein Musaví. Centenares de personas más han sido detenidas durante las manifestaciones en contra del resultado de las elecciones, a las que las fuerzas de seguridad han respondido haciendo uso excesivo de la fuerza. Muchos manifestantes han sido golpeados y, según las autoridades, han muerto hasta 21 personas, aunque la verdadera cifra probablemente sea más alta.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en persa, en inglés, en árabe, en francés o en su propio idioma:

– solicitando a las autoridades que revelen la identidad de todos los empleados de Kalameh Sabz detenidos, así como las razones de su detención y los cargos que puedan haberse presentado contra ellos;

– instando a las autoridades a que informen de su paradero a las familias de los que continúan detenidos y a que proporcionen a éstos acceso inmediato a ellas, así como a abogados de su elección y a los servicios médicos que puedan necesitar, y garanticen que están protegidos contra todas las formas de tortura y otros malos tratos;

– pidiendo a las autoridades que dejen de inmediato en libertad a todos los miembros del personal de Kalameh Sabz detenidos si se encuentran recluidos únicamente por la expresión pacífica de sus opiniones políticas o de otra índole, incluidas las relativas al resultado de las elecciones.

LLAMAMIENTOS A:

Líder de la República Islámica

Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei

The Office of the Supreme Leader

Islamic Republic Street – End of Shahid Keshvar Doust Street, Tehran, Irán

Correo-e: info_leader@leader.ir

vía el sitio web: http://www.leader.ir/langs/en/index.php?p=letter (inglés)

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=letter (persa)

Tratamiento: Your Excellency / Excelencia

Presidente de la Magistratura

Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi

Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh (Office of the Head of the Judiciary)

Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri, Tehran 1316814737, Irán

Correo-e: shahroudi@dadgostary-tehran.ir (en «asunto», escriban: «FAO Ayatollah Shahroudi»)

Tratamiento: Your Excellency / Excelencia

COPIAS A:

Presidente de la Asociación de Periodistas Iraníes

Rajabali Mazrooei

N°87, 7th St., Kabkanian St.

Keshavarz Boulevard, Tehran, Irán

Fax: 98-21-896.35.39

Correo-e: generalsecretary@aoij.org

Tratamiento: Dear Mr Mazrooei / Sr. Mazrooei

y a la representación diplomática de Irán acreditada en su país.

Sr. Seyed Davoud MOHSENI SALEHI MONFARED

Jerez, 5, Villa «El Altozano» (Chamartín) 28016 – MADRID

Teléfono: 91 345 01 12 // 91 345 01 16 // 91 345 06 52

Fax: 91 345 11 90 Telex: 22322-IRANA-E

E-mail: embiran@hotmail.com

www.embajadairan.es/madrid/

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 6 de agosto.

de

Acción Urgente sobre IRÁN: 1er CASO DE DETENCIÓN ARBITRARIA Y TEMOR DE TORTURA

Público – Índice AI: MDE 13/062/2009 – 24 de junio de 2009

AU 171/09 Detención arbitraria / Temor de tortura

IRÁN Mahsa Amrabad, [h] periodista

Abdolreza Tajik, [h] periodista

Kayvan Samimi Behbahani, [h] director de periódico

Mojtaba Pourmohsen, [h] director de periódico

Sa’id Laylaz, [h] periodista

Rouhollah Shahsavar, [h] periodista

Mohammad Ghouchani, [h] director de periódico

Zhila Bani Ya’qoub, [f] periodista

Bahman Ahmadi Amou’i, [h] periodista

Mostafa Qavanloo Qajar, [h] periodista,

Fariborz Soroush, [h] periodista

Iason Athanasiadis-Fowden, [h] periodista griego

Maziyar Bahari, [h] periodista de doble nacionalidad iraní y canadiense

Entre las decenas de personas detenidas en sus casas u oficinas desde las controvertidas elecciones presidenciales iraníes del 12 de junio figuran al menos 13 periodistas. Se ignora el paradero de la mayoría, pero es probable que los detenidos en Teherán se encuentren en la prisión de Evín. Se teme que todos sufran tortura u otros malos tratos.

Mahsa Amrabad, periodista del diario Etemad-e Melli (fundado por el candidato presidencial Mehdi Karrubi); Abdolreza Tajik, director del semanario Farhikhtegan, y Keyvan Samimi Behbehani, director de la revista prohibida Nameh, fueron detenidos el 14 de junio.

Mojtaba Pourmohsen, director del periódico Gilan-e Emrooz, de la ciudad septentrional de Rasht, fue detenido el 15 de junio; Fariborz Soroush, periodista independiente que ha concedido entrevistas a la emisora radicada en Praga Radio Farda, el 16 de junio, según informes; Saeed Laylaz, periodista que escribe para Sarmayeh, el 17 de junio, y Rouhollah Shahsavar, también el 17 de junio, según informes en Mashhad, la segunda ciudad de Irán.

El director de Etamed-e Melli, Mohammad Ghouchani, fue detenido el 18 de junio en su casa. Poco después, el 20 de junio, fue detenida Zhila Bani Ya’qoub, miembro de la Campaña Un Millón de Firmas, directora de sitio web de la Asociación de Mujeres de Irán y colaboradora de muchos periódicos reformistas. Su esposo, el periodista independiente Bahman Ahmadi Amou’i, también ha sido detenido. Mostafa Qavanloo Qajar, periodista de la revista mensual Sepideh Danaei y de Radio Goftogoo, fue detenido, según informes, el 22 de junio.

También se ha detenido a periodistas que informaban para medios de comunicación extranjeros: Maziyar Bahari, periodista de doble nacionalidad canadiense e iraní que informa para Newsweek desde Irán, fue detenido el 21 de junio, y el 23 de junio las autoridades anunciaron que la semana anterior, probablemente el 19 de junio, había sido detenido cuando trababa de salir del país un ciudadano griego que informaba para el Washington Post y que se cree que es Iason Athanasiadis-Fowden. Amnistía Internacional cree que todos estos periodistas son presos de conciencia, detenidos únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, incluido el derecho a pedir, recibir y difundir información e ideas verbalmente o por medios escritos o impresos.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Desde que se anunció, el 13 de junio, que el presidente Ahmadineyad había ganado las elecciones presidenciales, resultado que centenares de miles de iraníes cuestionan, las autoridades de Irán han impuesto draconianas restricciones a la libertad de expresión. Se ha bloqueado o interrumpido considerablemente el acceso a Internet. Se han prohibido publicaciones iraníes por ofrecer información sobre los disturbios. Se ha prohibido salir a la calle a reporteros extranjeros, y en algunos casos se los ha expulsado del país.

Según informes, se ha detenido a decenas de personas en todo el país, incluidas destacadas figuras políticas afines a Mir Hossein Musaví; al otro candidato presidencial, Mehdi Karrubi, o al ex presidente Jatami, que apoyó la campaña de Mir Hossein Musaví. También se han practicado detenciones de defensores de los derechos humanos y periodistas que son miembros de partidos políticos o que hicieron campaña en favor de los candidatos presidenciales. El 24 de junio, 70 profesores universitarios que se habían reunido ese día con Mir Hossein Musaví fueron detenidos al salir de la oficina de éste. Excepto cuatro, todos fueron puestos en libertad poco después. Entre los que continúan detenidos se encuentra el Dr. Ghorban Behzadian, director de la campaña electoral de Mir Hossein Musaví. Centenares de personas más han sido detenidas durante las manifestaciones en contra del resultado de las elecciones, a las que las fuerzas de seguridad han respondido haciendo uso excesivo de la fuerza. Muchos manifestantes han sido golpeados y, según las autoridades, han muerto hasta 21 personas, aunque la verdadera cifra probablemente sea más alta.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en persa, en inglés, en árabe, en francés o en su propio idioma:

– pidiendo a las autoridades que dejen en libertad de inmediato y sin condiciones a todos los periodistas mencionados en esta Acción Urgente y a toda otra persona detenida únicamente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, pues son presos de conciencia;

– instando a que se aclare el paradero de todos los detenidos , a que se les permita de inmediato el acceso a sus familias, a abogados de su elección y a los servicios médicos que puedan necesitar y a que se garantice que están protegidos contra todas las formas de tortura o malos tratos;

– pidiendo a las autoridades que levanten todas las restricciones ilegales impuestas a la libertad de expresión, asociación y reunión.

LLAMAMIENTOS A:

Líder de la República Islámica

Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei

The Office of the Supreme Leader

Islamic Republic Street – End of Shahid Keshvar Doust Street, Tehran, Irán

Correo-e: info_leader@leader.ir

vía el sitio web: http://www.leader.ir/langs/en/index.php?p=letter (inglés)

http://www.leader.ir/langs/fa/index.php?p=letter (persa)

Tratamiento: Your Excellency / Excelencia

Presidente de la Magistratura

Ayatollah Mahmoud Hashemi Shahroudi

Howzeh Riyasat-e Qoveh Qazaiyeh (Office of the Head of the Judiciary)

Pasteur St., Vali Asr Ave., south of Serah-e Jomhouri, Tehran 1316814737, Irán

Correo-e: shahroudi@dadgostary-tehran.ir (en «asunto», escriban: «FAO Ayatollah Shahroudi»)

Tratamiento: Your Excellency / Excelencia

COPIAS A:

Presidente de la Asociación de Periodistas Iraníes

Rajabali Mazrooei

N°87, 7th St., Kabkanian St.

Keshavarz Boulevard, Tehran, Irán

Fax: 98-21-896.35.39

Correo-e: generalsecretary@aoij.org

Tratamiento: Dear Mr Mazrooei / Sr. Mazrooei

y a la representación diplomática de Irán acreditada en su país.

Sr. Seyed Davoud MOHSENI SALEHI MONFARED

Jerez, 5, Villa «El Altozano» (Chamartín) 28016 – MADRID

Teléfono: 91 345 01 12 // 91 345 01 16 // 91 345 06 52

Fax: 91 345 11 90 Telex: 22322-IRANA-E

E-mail: embiran@hotmail.com

www.embajadairan.es/madrid/

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 6 de agosto.

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Violencia contra manifestantes en Irán

Os animamos a participar en la campaña de Amnistía Internacional contra la violencia desatada hacia los manifestantes que no están de acuerdo con el resultado electoral y que ha causado ya varios muertos, y contra la represión informativa sobre los disturbios generados:

La violencia contra los manifestantes señala el nuevo mandato presidencial. Las protestas por el anuncio de la victoria del actual presidente Mahmoud Ahmadineyad en las elecciones presidenciales están siendo objeto de dura represión por parte de las fuerzas de seguridad.

Los estudiantes Fatemeh Barati, Kasra Sharafi, Mobina Ehterami, Kambiz Sho’a’i y Mohsen Imani fallecieron el pasado 14 de junio como consecuencia de un ataque policial en su residencia universitaria de Teherán, en el que además se produjeron varios heridos y detenciones. Otros, posiblemente decenas, fueron detenidos y hay muchos heridos.

Fuera de la capital y sin tanta atención mediática, las protestas también se han encontrado con brutalidad policial. La doctora Leyla Farzadi, el cirujano Jalil Sharbiyanlou, los activistas Ghaffari Farzadi y Rahim Yavari y otros activistas, estudiantes y profesionales de la salud han sido arrestados tras una manifestación pacífica en Tabriz, provincia de Azarbaijan el 15 de junio. Todos se encuentran en paradero desconocido. Amnistía Internacional teme que puedan estar sufriendo torturas o malos tratos y podría considerarles prisioneros de conciencia si se averiguara que han sido arrestados únicamente por haber participado en manifestaciones pacíficas.

Por otro lado las autoridades están intentando limitar la información sobre los disturbios e impedir a los partidarios de Mir Hossein Mousavi organizar protestas, restringiendo ilegalmente la libertad de expresión, bloqueando el acceso a los servicios telefónicos, incluidos los mensajes SMS, a los medios de comunicación extranjeros y a varios sitos de Internet.

de

Accion Urgente sobre PREOCUPACIÓN JURÍDICA en PARAGUAY

PÚBLICO- Índice AI: AMR 45/011/2009- 12 de junio de 2009

AU 147/09 Preocupación jurídica / duras condiciones de vida

PARAGUAY Integrantes de la comunidad indígena Yakye Axa

En estos momentos, el Congreso de Paraguay está estudiando un proyecto de ley cuyo rechazo socavaría gravemente un importante precedente positivo, de carácter nacional e internacional, con respecto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre las tierras y obstaculizaría el cumplimiento, por parte del Estado de Paraguay, de una sentencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Estado de Paraguay ya incumplió, en julio de 2008, el plazo de tres años establecido por la Corte para restituir a la comunidad Yakye Axa sus tierras ancestrales. Al continuar incumpliendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ponen en peligro las vidas de las personas pertenecientes a la comunidad, que viven en una estrecha franja de tierra junto a una transitada autopista, donde no pueden recurrir a sus formas tradicionales de subsistencia, y se les obliga a sobrevivir en condiciones penosas y degradantes, con limitadísimo acceso al agua, a servicios higiénicos y de salud, a la educación y a otros servicios, a pesar de que el Estado tiene la obligación de facilitar dichas prestaciones hasta que se les devuelvan sus tierras. Desde que se emitió la sentencia en junio de 2005 han muerto nueve personas a causa de enfermedades prevenibles. Según informes, durante la primera semana de junio, el joven de 21 años José Carlos Ramos Valdón murió de tuberculosis, una enfermedad que se podría haber prevenido. Entre noviembre de 2008 y mayo de 2009, la comunidad indígena Yakye Axa sólo ha recibido un envío de alimentos (en febrero de 2009), equivalente a la mitad de sus necesidades mensuales en circunstancias normales.

En noviembre de 2008, el presidente Lugo firmó un proyecto de ley por el que se declaraban de «utilidad social» las 15.963 hectáreas reclamadas por los Yakye Axa, y se ordenaba expropiarlas, para que pasaran a manos del Estado que, posteriormente, se las devolvería a los Yakye Axa y pagaría a los actuales propietarios una indemnización.

Actualmente cuatro comisiones del Senado están analizando el proyecto de ley de expropiación. Según la información recibida por Amnistía Internacional, parece probable que una de las principales comisiones, la de Reforma Agraria y Bienestar Rural, recomiende que no se apruebe. Asimismo, preocupa la posibilidad de que la otra comisión clave, la de Hacienda, Presupuestos y Cuentas, pudiera adoptar una postura similar. Sin la opinión favorable de ambas, es poco probable que el Congreso apruebe el proyecto de ley.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

En 2006, la Corte dictó sentencia en otro caso similar, relativo a la vecina comunidad Sawhoyamaxa. Según las autoridades del gobierno, continúan tratando de negociar con el propietario de las tierras ancestrales reclamadas por los Sawhoyamaxa, pero después de tres años aún no se tiene constancia de que el proceso haya dado frutos. El plazo para la restitución de las tierras expiró el 19 de mayo de 2009. Desde la emisión de la sentencia, en 2006, han muerto de enfermedades prevenibles 22 personas pertenecientes a la comunidad Sawhoyamaxa, en su mayoría niños y niñas. Entre diciembre de 2008 y enero de 2009, murieron de diarrea y vómitos seis miembros de la comunidad, cuatro de ellos bebés (véase AU 40/09, 16 de febrero de 2009, AMR 45/006/2009). Tras dichas muertes, inquieta profundamente que la atención médica siga siendo insuficiente y que, sólo de forma esporádica, se suministren agua potable y alimentos, en cantidad insuficiente.

Ambas sentencias sientan importantes precedentes con respecto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre las tierras, motivo por el cual es aún más necesario que el Estado de Paraguay tome todas las medidas posibles para demostrar, dentro y fuera del país, su voluntad de acatar el derecho internacional y de cumplir los compromisos jurídicos que ha adquirido voluntariamente. Paraguay ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos hace casi dos decenios, y en 1993 aceptó la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al incumplir sus sentencias, lo que se transmitiría a los pueblos indígenas de Paraguay es que, aunque el gobierno actual prometió abordar importantes cuestiones relacionadas con sus derechos humanos, dichas promesas continúan lejos de hacerse realidad, a la vez que se debilitaría la imagen del país tanto en el seno de la Corte Interamericana como a escala internacional.

Por último, al margen de la sentencia de la Corte Interamericana, la Constitución paraguaya reconoce también el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad comunitaria de la tierra, y exige al Estado que les provea gratuitamente de dichas tierras (artículo 64).

ACCIONES RECOMENDADAS:

Envíen llamamientos, de manera que lleguen lo antes posible, en español o en su propio idioma:

  • expresando preocupación por el hecho de que, pese a haber expirado el plazo de tres años establecido por la Corte Interamericana para restituir a los Yakye Axa sus tierras, la comunidad siga viviendo en penosas condiciones junto a la autopista Pozo Colorado-Concepción;

  • instando a quienes integran la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural y a las otras tres comisiones a estudiar el proyecto de ley (núm. 00538) y a aprobarlo, de conformidad con sus obligaciones en virtud de la sentencia de la Corte Interamericana y con los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Constitución de Paraguay.

  • recordando al Congreso que, al aprobar este proyecto de ley y devolver a los Yakye Axa unas tierras de importancia cultural, histórica y espiritual para su comunidad, no sólo cumpliría sus obligaciones jurídicas internacionales, sino que también demostraría ser leal a su compromiso de garantizar una vida digna para las comunidades indígenas de Paraguay.

LLAMAMIENTOS A:

Presidente de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural

Silvio Adalberto Ovelar Benítez

Presidente de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural

Honorable Cámara de Senadores

14 de Mayo y Avda. República

Asunción- Paraguay

Correo-e: sovelar@senado.gov.py

Telefax: +595 (0) 21 414 5027 (digan «tono de fax, por favor»)

Tratamiento: Estimado Senador

Presidente del Senado

Enrique González Quintana

Presidente de la Honorable Cámara de Senadores

de la República del Paraguay

Honorable Cámara de Senadores

14 de Mayo y Avda. República

Asunción – Paraguay

Correo-e: gquintana@senado.gov.py

Fax: +595 (0) 21 414 5905

Tratamiento: Estimado Sr. Presidente de la Cámara de Senadores

COPIA A:

Tierraviva

Manuel Domínguez Nº 1073 e/ EEUU y Brasil

Asunción, Paraguay

Fax: +595 21 202 039 / + 595 21 209 092/ + 595 982 344 034

Correo-e: tierraviva@tierraviva.org.py

y a la representación diplomática de Paraguay acreditada en su país:

(EMBAJADA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY)

Excmo. Sr. Nelson M. ARGAÑA CONTRERAS

Pº. Eduardo Dato, 21, 4º. Izda. 28010 – MADRID

Teléfono: 91 308 27 46 // 91 308 53 19

Fax: 91 308 49 05 .-.

E-mail:embapar@arrakis.es

ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 24 de julio de 2009.

Si recibe contestación de una autoridad, envíenos el original o una copia, por favor, lo antes posible (ref.: «Equipo AAUU – Respuesta»). Sólo es necesario que indique en el reverso de la misma el número que tiene la Acción Urgente a la que le han contestado (por ejemplo «AU 25/99» o bien «EXTRA 84/99»). No es necesario que nos envíe copia de su propia carta. Si no desea que le enviemos un acuse de recibo, indíquenoslo también en el dorso con las palabras «No acuse». Gracias por su colaboración.

de

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Artículo 8.

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

Un derecho que no poseen muchísimas personas, como por ejemplo las que se encuentran detenidas en Guantánamo, o los palestinos que se han quedado sin vivienda por el «legítimo derecho a la defensa» de su vecino Israel. Y un derecho que en muchas ocasiones se encuentra limitado cuando tienes que litigar contra algún poderoso capaz de pagarse a los abogados más caros y buenos capaces de demostrar la inocencia de un acusado con su habilidad independientemente de que éste sea o no culpable.

Si eres docente y quieres trabajar este derecho en clase te recomendamos: