Unos padres han denunciado a la empresa de sanidad creadora de este anuncio, Sanitas, por haberse negado a asegurar a su hija Candela, de dos años y medio, con síndrome de Down. Sin embargo esta empresa emite anuncios donde aparecen personas con esta enfermedad. Además, estos padres aseguran que la empresa se negó a ofrecerles el formulario para solicitar la póliza y posteriormente, se negaron a facilitarles la hoja de reclamaciones, por lo que acudieron a la oficina de consumo para interponer una queja contra la compañía.

En otro medio de comunicación aparecen manifestaciones de Sanitas que me llaman la atención:

Sanitas dice que no asegura a gente con síndrome de Down porque las «prestaciones serían excesivamente limitadas»

En un comunicado, manifiesta que puede hacer los anuncios porque los hijos de afiliados si tienen el síndrome, sí son asegurados.

Además, señala que como entidad privada tiene «derecho a contratar o no» a quien quieran.

Pues todo esto «no parece tan bonito».

Rafael del Castillo

¿Qué debería mover a los investigador@s a encontrar remedios para las enfermedades? ¿el prestigio personal? ¿el enriquecimiento de la empresa que los patrocina? ¿el noble intento de conseguir una vida mejor para quienes sufren estas enfermedades?. Seguro que la mayoría de las personas que aún creemos en las utopías pensamos que la respuesta correcta es la tercera, pero la realidad parece negar que esto sea así.

Un ejemplo lo tenemos en esta noticia donde nos cuentan que millones de personas están condenadas a la ceguera por culpa de las patentes.

Una patente, según la wikipedia, es:

un conjunto de derechos exclusivos garantizados por un gobierno o autoridad al inventor de un nuevo producto (material o inmaterial) susceptible de ser explotado industrialmente para el bien del solicitante de dicha invención (como representante por ejemplo) por un espacio limitado de tiempo (generalmente 20 años desde la fecha de solicitud).

O sea, que quien inventa algo, si lo patenta tiene derecho a explotar ese invento para su lucro personal e impedir a otros la fabricación de los productos que de ahí se deriven sin su consentimiento. No vamos a entrar a debatir en esta ocasión acerca de la ética de las patentes y de las consecuencias y contradicciones en las que se caen al tratar la propiedad intelectual como una propiedad tangible. Pero seguro que estamos de acuerdo en que cuando las patentes impidan que se salven vidas, que se mejore la calidad de vida de las personas, que disminuya el sufrimiento de quien padece enfermedades habría que hacer una excepción y anteponer esos derechos «humanos» a los derechos «comerciales» de los creadores de las patentes.

A esa conclusión se llegó en la Declaración de Doha (año 2001) donde los líderes mundiales acordaron que hay que anteponer la salud de las personas a los beneficios económicos. Ya hablamos de este asunto en otra ocasión en este blog.

Sin embargo hoy, después de seis años, muchísima gente sigue sufriendo por no poder acceder a los medicamentos genéricos por culpa de la presión de las grandes industrias farmaceúticas, que argumentan que estas medidas eliminarían los incentivos a la investigación.

Para concluir algunos datos:

• La ceguera es evitable en el 75% de los casos, pero la falta de acceso a medicamentos genéricos condena a la misma a 30 millones de personas.
• Sólo 21 de las 1.556 nuevas sustancias comercializadas entre 1975 y 2004 iban dirigidas al tratamiento de enfermedades exclusivas de los países pobres.
• El 90% de las ventas de estas compañías se concentran en Norteamérica, la Unión Europea y Japón.
• Amparándose en la defensa de su propiedad intelectual las farmacéuticas Genetech y Novartis quieren impedir la comercialización del tratamiento genérico contra la degeneración macular, una enfermedad de la visión asociada al envejecimiento. De prosperar su iniciativa el coste del tratamiento pasará de 160 euros por persona y año a 23.000.

Más información en el documento «Visión de negocio: Por qué las reglas de propiedad intelectual impiden curar la ceguera en los países pobres» elaborado por Oxfam y Visión Mundi.

Rafael del Castillo

A pesar de los convenios internacionales, la actividad sindical sigue siendo de alto riesgo en muchos países. Los informes anuales de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) dan cuenta de ello. El del año 2000 registraba violaciones de los derechos sindicales fundamentales en 113 países; un año después, la entidad afirmaba que â??la tendencia a graves violaciones está incuestionablemente en alzaâ?.

Tan sólo durante el año 2000 se asesinaron, se declararon como desaparecidos o se suicidaron aproximadamente 210 sindicalistas que habían sido amenazados; 2.931 fueron golpeados, heridos o torturados y 19.539 despedidos sin causa justa. Se reprimieron 326 huelgas y manifestaciones. Además, hubo numerosas intervenciones gubernamentales (271) y restricciones al derecho de huelga (113).

El informe advertía sobre el empeoramiento de la situación de los derechos sindicales en todo el mundo, incluso en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). En términos más discretos, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) brinda un testimonio idéntico.

La globalización liberal exacerba este proceso. Al instalar a las empresas en un estado de guerra económica de escala planetaria, legitima aún más las prohibiciones y maniobras represivas. Los derechos fundamentales de organización, negociación y huelga son cuestionados mucho más cuando aumenta la distancia entre centros de producción y centros de decisión estratégica. Esta evolución es obviamente desigual según los continentes, las historias nacionales y las relaciones de fuerza. Se induce a los países sujetos a programas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional (FMI) a considerar las pretensiones sociales como incompatibles con las condiciones que se requiere cumplir para el pago de la deuda pública. En los países de Europa Central y Oriental, donde se quebró el monopolio del Estado, las nuevas estructuras sindicales vieron generalmente reducidos sus derechos.

Por otro lado, el estado de no-derecho sigue siendo moneda corriente en los países donde se produjo la explosión del trabajo informal, con bajos salarios, malas condiciones laborales, sobreexplotación de mujeres y niños. Situaciones, todas ellas, consideradas por las multinacionales como â??ventajas comparativasâ?. Lo mismo sucede con los agricultores, quienes en general tienen prohibida la organización, así como con las asalariados de las zonas francas, cuya actividad se considera demasiado â??vitalâ? como para que pueda ser â??obstaculizadaâ? por el respeto del derecho.

Por último, hay que señalar que todas estas discriminaciones están fuertemente marcadas por el género. La subcontrtación, el trabajo temporal u ocasional, los empleos de tiempo parcial y las actividades informales tienen mayor incidencia entre las mujeres. En las industrias dedicadas a la exportación, el trabajo femenino se concentra generalmente en la jerarquía profesional más baja, donde el empleo es menos seguro. Las mujeres son mayoría en las actividades no sindicalizadas, allí donde la seguridad y la protección son escasas, o incluso inexistentes. Todo eso alimenta el ciclo familiar de la pobreza.

Documento extraído de El Atlas de Le Monde Diplomatique.

María San Juan (profesora de filosofía) .

Ejercer un oficio digno, libremente elegido, es un derecho indiscutible en un mundo que nunca ha sido tan rico. Sin embargo, durante las últimas décadas del siglo XX se produjo una degradación de las condiciones del trabajo a escala internacional, acompañada por una avalancha de desigualdades.En general, el trabajo remunerado se considera como una actividad productiva, que normalmente debería permitir que el trabajador y su familia mantengan una vida digna. A partir de este concepto se definen relaciones sociales y económicas muy diferentes en cada región del planeta, ya que las modernas relaciones salariales no abarcan aún a toda la humanidad.

La esclavitud y el trabajo forzado todavía subsisten, y no solamente en regiones rurales o aisladas. En el Cercano Oriente, 1.200.000 mujeres trabajan como empleadas domésticas sin ninguna clase de protección; en Europa Occidental, la trata de blancas y su explotación sexual aumentan cosnsiderablemente.

Por otra parte, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), mil millones de seres humanos -un tercio de la población económicamente activa de todo el mundo- están desempleados(160 millones)o subempleados (900 millones).

A este extraño despropósito productivo se suma la existencia, en los países en vías de desarrollo, de una extensa economía informal, que se caracteriza por ofrecer trabajos precarios, de escasa productividad y bajos ingresos. Allí, sin embargo, obtiene sus medios de supervivencia gran parte de la población (por ejemplo, el 5,7% de los trabajadores en los centros urbanos bolivianos).

Por último, mientras que la fortuna de los 358 individuos más ricos del mundo equivale a la suma de todos los ingresos del 45% de los habitantes más pobres del planeta (2.300 millones de individuos), alrededor de 211 millones de niños de 5 a 14 años están obligados a trabajar para contribuir al sostén de sus familias (127 millones en Asia, 48 millones en África Subsahariana).

En los países desarrollados se ha iniciado, a partir de los años 80, una reforma de los regímenes laborales. Los salarios reales tienden a estancarse, o incluso a bajar, como lo revela el crecimiento de la franja de nuevos pobres asalariados. Este proceso también atenta contra las numerosas conquistas lagradas merced a las luchas políticas y sindicales del s. XX, como la protección social, los sistemas de salud y jubilación y las garantías colectivas.

Documento extraído de El Atlas de Le Monde Diplomatique.

María San Juan (profesora de filosofía).